Miami,. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de la llamada “ley de agentes extranjeros” en El Salvador. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “imita y profundiza” una ley que el gobierno de Nicaragua “utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».

Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que “se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».

Presentada al poder legislativo en abril pasado a iniciativa del presidente Bukele, la ley establece un impuesto adicional del 40 % a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero.

Especialmente, pone en el blanco a aquellas instituciones que transmiten “cualquier material informativo físico, electrónico o digital».

La SIP dijo que los argumentos de la iniciativa se basan en principios de “no injerencia” y “soberanía nacional”, “una forma que los gobiernos utilizan para amordazar a medios críticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben donaciones y aportes desde el extranjero».

Al respecto, y citando a Nicaragua, México y Venezuela, entre otros países, la SIP alertó este año sobre “el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “los Estados deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia».