POR GERMAN MARTE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer como «una monstruosidad» y un atentado contra la libertad de prensa, las declaraciones del vocero del Gobierno Dominicano, Roberto Rodríguez Marchena, de que van a «administrar» las informaciones para no preocupar a la ciudadanía.

En tanto, el  vicepresidente para República Dominicana y Haití de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Víctor Manuel Tejada, afirmó que ni el gobierno ni ninguna de sus instituciones pueden atribuirse el derecho de decidir cuáles informaciones son «oportunas» para ser conocidas por los dominicanos.

Rafael Molina Morillo, vicepresidente de la SIP, dijo que “esto es grave, muy grave» y que se requiere de una rectificación del gobierno, pues considera que quedaría mejor parado si rectifica, “antes que hacerse el chivo loco, el desentendido y dejar eso así”.

 «La consideramos la mayor monstruosidad que se ha producido en los últimos años en materia de libertad de prensa en República Dominicana», añadió Molina Morillo.

Dijo que muchas veces se producen hechos aislados en los que se pone en peligro la libertad de expresión, «pero estas declaraciones tan categóricas, precisamente del vocero oficial del gobierno, queriendo mutilar de manera tan drástica y tan grosera la libertad de expresión merecen, por lo menos, un desmentido del propio Presidente de la República, que es superior inmediato».

Rodríguez Marchena declaró el viernes que las informaciones del gobierno serán «administradas»  para no preocupar a la ciudadanía con noticias «inoportunas» y evitar “el malestar que producen entre los dominicanos las impertinencias y el escándalo».

Empero, Molina Morillo dijo estar seguro de que estas declaraciones de Rodríguez Marchena no interpretan el sentimiento ni la filosofía del presidente Fernández, «y si es así, estamos en el umbral de una dictadura».

Explicó que lo primero que hacen las dictaduras es cercenar la libertad de expresión. No puede haber democracia donde no hay libertad de expresión, apuntó el también director del matutino «El Día».

Adujo que no hay libertad de expresión cuando el gobierno pretende «administrar» las noticias y considerar inoportunas algunas, por lo que preguntó que ¿Quién tiene la facultad de decir cuándo es oportuna o no una información?

 A seguidas expresó que de producirse esto, sólo se escucharía lo que el gobierno quiera y en el momento que lo desee.

“Esto es muy grave y estoy seguro que en el ámbito internacional va a tener graves repercusiones para la imagen del gobierno del presidente Fernández”, advirtió.

Dijo que lo que parecía tal vez una actitud aislada de un departamento del gobierno en los aeropuertos cuando el Presidente salía del país, con estas declaraciones parece confirmarse que es una política oficial que se quiere implantar “para maniatar y amordazar» a los medios de comunicación.

Indicó que debido a esa actitud, en el diario El Día decidieron no publicar las fotografías que suministre la Dirección de Prensa del Palacio Nacional, cuando sean las que ellos quieran y no las que quiera el periódico.

Igualmente, que las notas de prensa de esa oficina palaciega que pretendan sustituir las que los reporteros hagan, viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos las escenas del viaje, también irán al cesto de los papeles.

Dijo que el gobierno no puede pretender monopolizar lo que el pueblo desea saber, y que el pueblo quiere una pluralidad de medios para que cada uno informe con sus puntos de vistas, en tanto que el gobierno también puede dar su punto de vista.

 VICTOR MANUEL TEJADA

 El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa para Haití y República Dominicana dijo que la intención de «administrar» las informaciones oficiales, constituye un intento de limitar la libertad de prensa que no debe ser aceptada por los medios de comunicación ni por la sociedad.

Al condenar la declaración del vocero del Poder Ejecutivo, Tejada adujo que una política oficial para limitar o administrar las informaciones oficiales con el argumento de que pudieran ser escandalosas o impertinentes, entra en contradicción directa con la recién aprobada y promulgada Ley General de Libre Acceso a la Información, para la cual el Poder Ejecutivo prepara en estos días, precisamente, el reglamento que facilite su aplicación.

Sostuvo que la conquista que ha significado la aprobación de esta Ley y el aporte que podría representar para propiciar una mayor transparencia de la gestión pública, no puede ser mutilada a través de una disposición administrativa del gobierno.

De acuerdo con Tejada, se debe dejar que sean los dominicanos quienes decidan cuáles informaciones quieren conocer y cuáles consideran inoportunas y escandalosas, porque la libertad de estar informados y de tomar decisiones son derechos fundamentales en un régimen democrático, que están consagrados en la Constitución.