POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN IBARRA
Sabemos que la propuesta de «reforma fiscal» tiene un origen, una causa, que tiene fuertes implicaciones morales. ¿Pagar más impuestos cuando el banquero, industrial, comerciante y el ciudadano común hemos sufrido las consecuencias de la crisis sin haberla causado? ¿Ajuste fiscal sin que eso signifique un retorno social mayor y mejor?

Esta es una crisis, en la que ni el banquero, ni el industrial, ni el comerciante, ni el simple ciudadano tuvo complicidad o incidencia; peor, ni siquiera tendremos beneficios directos o evidentes en mejores servicios públicos.

No es una crisis por aumento del consumo, ni siquiera por un shock externo. No es, tampoco, una crisis derivada de una errada política crediticia que beneficiara a muchos y que luego falló o se hizo insostenible. Nada de eso. Ni Baninter, ni Bancrédito, ni el mercantil eran bancas de desarrollo. La crisis es producto de la avaricia, la vanidad, la corrupción y el desenfado de unos pocos. No todos somos culpables de la crisis. Y eso tiene en si mismo una fuerte impronta moral que justifica que todos los sectores se resistan al doloroso ajuste fiscal.

Dentro de los responsables, sabemos, están los ex-banqueros que usaban entre otras cosas, los fondos de los ahorrantes para triangular operaciones y beneficiar sus negocios que nada tenían que ver con el negocio financiero. También están los políticos que debieron, al menos en el momento en que las operaciones eran más evidentes poner límite al desfalco y especialmente hay que mencionar aquellos que debieron evaluar mejor el impacto del salvamento bancario en toda la economía antes de disponerse tan alegremente a abrir las compuertas de los adelantos y redescuentos. En ese panorama todos tenemos derecho a no querer pagar más impuestos.

Los ciudadanos, no importa su actividad o ingreso fuimos afectados por las malas acciones de personas identificables que deben pagar penal y políticamente. Ese es el aspecto moral al que ya nos hemos referido.

El compromiso moral del político es obvio: encarcelar a los responsables. Eso se sobreentiende, no es algo que deba considerarse como un compromiso, es su deber. Por eso entiendo que la promesa del político debe ser restituir la esperanza, haciendo compromisos y planes a nivel económico. Tiene que haber un compromiso y unos plazos establecidos para el final de esta crisis. Es un mandato moral para el político hacer un esfuerzo real desde la austeridad y el compromiso de superación de esta crisis.

No se puede negar el aspecto moral de la crisis pero también hay una realidad ineludible: la crisis económica no se soluciona sola. Las consecuencias de esta crisis, sus efectos, no pueden resolverse ni siquiera con la recuperación de activos de los ex banqueros. El ajuste fiscal es una obligación.

La alternativa al ajuste fiscal es un impuesto peor, la inflación. Su impacto, ya lo hemos visto afectan los negocios, los ingresos de la gente y la actividad económica. ¿Podemos de forma sectorial o individual detener o evadirnos de este ajuste fiscal? ¿Es posible sin peores consecuencias para la economía? Todos, aún de forma intuitiva, sabemos que eso no es posible.

El aspecto moral de la crisis manda reformas más allá de lo económico: implica cambio de mentalidad en elegidos y electores. El aspecto económico manda impuestos, repartidos de la manera más justa posible, lamentablemente no pueden ser neutros. Hay poco margen para utilizar las figuras impositivas como instrumentos de desarrollo. Y no seria ni moral, ni justo, ni viable, ni suficiente, pretender recortes en la precaria atención social que reciben los sectores de menos ingresos.

Todos podemos y debemos participar en el debate de propuestas fiscales alternativas. Debemos también la responsabilidad de hacerlas legítimas, para ello tienen que partir de la premura de la situación, de la eficiencia del impuesto propuesto, y de la realidad social dominicana. No hay soluciones fáciles. Eso hace tan relevante el aspecto moral de esta crisis… pero no una excusa.

Otra cosa es si decidimos como país posponer la firma con el FMI ¿Se atreve algún grupo social o empresarial asumir no sólo la propuesta sino las consecuencias de esa acción? ¿Podríamos apostar a la estabilidad y crecimiento futuro sin una nueva negociación?