Aunque no se lo propusieran, los dirigentes sociales que impulsan la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, están rescatando la esencia del Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana que presidió hace 6 años el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí.
El estudio por el que el Gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares contiene 7 iniciativas y 77 propuestas específicas, proclamando como la primera y fundamental «devolver la confianza en las instituciones», mediante una reforma del Estado y de los partidos políticos que elimine el clientelismo y el dispendio.
Un estudio contundente. Tal vez el gobierno de Leonel Fernández no esperaba un estudio tan contundente con múltiples, valientes y específicas recomendaciones, presentado en un acto solemne en el Palacio Nacional. Seis años después gran parte de sus propuestas siguen siendo parte del debate nacional, aunque pocos se acuerdan de lo que se denominó como Informe Attalí.
Partiendo del reconocimiento al crecimiento económico de 40 años, esencialmente impulsado por las inversiones públicas y no por la innovación, diagnostica «la persistencia de un nivel elevado de pobreza», con una tasa de desempleo que «no ha bajado realmente del 14 por ciento», con salarios reales sin aumento en los últimos 20 años, 56 por ciento de informalidad laboral, grandes disparidades sociales y bajo desarrollo humano.
Registra un aparato productivo ineficiente que «debe ser profundamente reestructurado», predominio de la impunidad y la debilidad de la justicia frente a la corrupción administrativa, ineficiencias y dualidades, con pésimos servicios de electricidad, agua potable, salud y educación. Así mismo señala el dispendio y las políticas clientelares.
Tres grandes opciones. Para emprender una estrategia nacional de desarrollo, el Informe Attalí indica tres grandes opciones, la primera aumentar el endeudamiento del Estado, señalando sus riesgos y límites, y que fue la opción privilegiada cada vez en mayor proporción durante los últimos tres períodos de gobierno, cuando la deuda pública consolidada alcanza el 50 por ciento del producto bruto interno, elevándose sobre los 36 mil millones de dólares.
La segunda opción consistiría en aumentar la presión fiscal, con ampliación de la base impositiva y elevación de las tasas, que es la que acarician los funcionarios, alentados porque está por debajo del promedio regional, pero entrampada en la carestía e ineficiencia de los servicios básicos, y en alta ineficiencia, corrupción y dispendio clientelar.
La tercera opción que presenta el informe «consiste en racionalizar el gasto público», lo que se proclama en los planteamientos de la sociedad civil organizada, como condición para una mayor contribución, es decir, el pendiente pacto fiscal que el Gobierno rehuyó en el 2012, aunque ya era mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

La Fundación Siglo 21. Entre los acuerdos consensuados como fruto del diálogo entre partidos políticos y organizaciones sociales deben recordarse los auspiciados por la Fundación Siglo 21, entre 1993 y 1995, donde quedaron consignadas importantes reformas constitucionales y políticas materializadas, con algunas regresiones posteriores y frustraciones como ley de partidos para garantizar su democracia interna y la transparencia de su financiamiento.
El 7 de abril del 1994 fue firmado el acuerdo denominado «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano, con subtítulo de «El Sistema Electoral y de Representación», y el 5 de mayo de 1995 se suscribió el «Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral». Participaron delegados de 17 partidos reconocidos, aunque el primero, cinco semanas antes de las traumáticas elecciones de 1994, no fue suscrito por los representantes del Partido Reformista Social Cristiano, que sí lo harían en el segundo. Por el PLD firmaron Temístocles Montás y Mercedes Sabater de Macarrulla, el primero, y Reynaldo Pared y César Pina Toribio en el segundo. Tirso Mejía y Virgilio Bello Rosa firmaron por el PRD.
Fueron meses de minucioso diálogo y consultas que implicaron a líderes sociales y empresariales. Siglo 21 estaba regida por un grupo de notables profesionales, casi todos economistas: Eduardo García Michel, Manuel Cocco, Isidoro Santana, Ramón Pérez Minaya y Rafael Toribio. Su Consejo Consultivo lo integraban los también profesionales Ramón Flores, Eduardo Latorre, Bienvenido Álvarez Vega, Fernando Rojas Mejía y Juan Bolívar Díaz. Fue auspiciado por el Proyecto Iniciativas Democráticas.
Los acuerdos más exitosos. Una revisión de los folletos que recogen los dos acuerdos promovidos por la Fundación Siglo 21, permite concluir en que son los consensos políticos más exitosos, de los muchos realizados en el país, lo que fue determinado por el trauma electoral del 94 que implicó una grave confrontación política. Todos los ingredientes de la Reforma constitucional de agosto del 94, que saldó la crisis política, estaban consignados en el primer acuerdo de la Fundación Siglo 21.
En concreto: la prohibición de la reelección presidencial, la mayoría cualificada de al menos 40 por ciento para la elección presidencial, que el PLD y PRSC aumentarían al 50 por ciento al materializar la reforma. También contemplaba la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, y el voto de los dominicanos en el exterior y su representación en el Congreso Nacional.
En posteriores reformas constitucionales y de la ley electoral, como la de 1997, se concretarían otras reformas del los acuerdos Siglo 21, como la división de las funciones organizativas, normativas y contenciosas de la Junta Central Electoral, la cuota de postulaciones para la mujer, las circunscripciones electorales y el voto preferencial por diputados y regidores y los diputados nacionales para representación de las minorías, así como los principios de Consultas Populares y Revocación del Mandato.
Leyes de Partidos y Participación. La reforma política Siglo 21 consignó en su cuarto punto el establecimiento de «un mecanismo que garantice la representación de la sociedad civil en las instancias de tomas de decisiones del Estado. Se avanzó en numerosas instancias, aunque no se ha aprobado un proyecto de Ley de Participación Social largamente discutido y consensuado entre políticos y líderes sociales.
Es relevante que 22 años después se siga discutiendo la pertinencia del punto 12 que acordaba la Ley de Partidos, para garantizar la democracia interna y transparentar en su financiamiento normal y en las campañas electorales. El primer proyecto quedó consensuado en 1999, entre políticos y líderes sociales, en la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, que creó Leonel Fernández, y hasta el día de hoy, con una decena de apariciones en el Congreso y numerosos compromisos de aprobación.-