Representantes de la sociedad civil salieron al frente ayer a las acusaciones y epítetos que en su contra lanzaron dirigentes y funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El movimiento cívico Participación Ciudadana a través de su director ejecutivo, Javier Cabreja, dijo que las acusaciones de que la sociedad civil tiene una campaña para desacreditar la reforma constitucional demuestran un profundo desconocimiento de cómo funciona una democracia.
Recordó que en una democracia moderna hay distintos actores: los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, los que tienen derecho a opinar y a protestar.
El jueves el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, dijo que sectores sin ningún tipo de representación y legitimidad en el país han orquestado una campaña de desinformación y descrédito contra la reforma constitucional que raya en lo perverso.
También el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio llamó grupúsculos y acomplejados a los críticos y dijo que hablan alharacas y carecen de fuerzas.
Ayer, el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, sostuvo que la sociedad civil con sus denuncias quiere atarle las manos al Presidente y crear un Estado desacreditado.
No los callarán. Cabreja advirtió que los pronunciamientos de los dirigentes peledeístas no van a callar a la entidad.
Dijo que lo que procuran es que la Asamblea Revisora produzca una nueva Constitución moderna, democrática, que no niegue derechos, que se haga en función de lo legítimo y sanos intereses del país.
Consideró que un sistema democrático debe estar abierto a escuchar las distintas opiniones y voces.
Advirtió que la reforma constitucional no debe ser de dos líderes políticos y de espaldas a la ciudadanía.
Seguirá con propuestas. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que esa entidad seguirá haciendo propuestas y aportando hasta que concluya el proceso de reforma constitucional.
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Críticas
Participación Ciudadana y FINJUS han seguido el proceso de reforma constitucional. Ambas entidades de la sociedad civil han advertido que la nueva Carta Magna tiene consignada por lo menos 10 derechos que les han sido negados a los ciudadanos. Participación Ciudadana ha calificado de ilegítima dicha reforma porque es producto de un acuerdo entre los presidentes, Leonel Fernández y del PRD, Miguel Vargas. El 14 de mayo de este año Fernández y Vargas suscribieron un pacto.
Sobre el fraude
El director ejecutivo de Participación Ciudadana calificó como un hecho grave que dos asambleístas, en este caso del PRD, votaran por otros para mantener el quórum de la Asamblea Revisora que conocía algunos artículos de la reforma constitucional.
Javier Cabreja dijo que el hecho debe ser sancionado y no dejarse pasar por alto ya que envía una mala señal a la ciudadanía.
Advierte que causa mayor preocupación respecto a cómo han sido aprobados otros artículos de la reforma constitucional. Habría que revisar si no hubo ese tipo de práctica en la aprobación de artículos que han sido graves en materia de conocimiento de derecho e institucionalidad.
En tanto, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, instruyó al vocero perredeísta en la Cámara de Diputados, Neney Cabrera, determinar si hubo responsabilidad de doble votación de sus asambleístas en la sesión de la Asamblea Revisora del jueves.
Dijo sentirse sorprendido por gráficas que habrían sido captadas en el momento en que un asambleísta del PRD pulsaba al mismo tiempo más de un dispositivo de votación electrónica. El asambleísta sorprendido en la acción fue Anibal Rosario Ramírez.