Hoy 
A las quejas ordinarias de que en cierto número de casos la Policía atropella a ciudadanos y se tiende a no creerle sus versiones sobre «intercambios de disparos» que parecen ejecuciones, se suma la creciente toma de conciencia en el país de que otras violencias, por lo regular estructurales, contra la condición humana privan de aceptable acceso a servicios de salud, educación, seguridad social, fuentes de trabajo, salarios justos y administración de justicia.
Por cumplirse mañana el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, una encuesta oportuna y eficazmente aplicada por el Defensor del Pueblo reafirma que el pueblo tiene bien inventariados los irrespetos a prerrogativas inalienables ahora colocadas en primer plano.
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No basta con votar libremente cada cuatro años o que nadie caiga preso por elevar su voz contra el mal orden de cosas y la abulia de autoridades frente a problemas generalizados.
Imperfecciones sistémicas son visibles a pesar del grado constitucional que confiere obligatoriedad de vigencia a atributos que se adquieren al nacer y que deben quedar permanentemente al amparo de un Estado de derecho; ideal incumplido a pesar de los progresos institucionales si todavía persisten incapacidades de cubrir el costo de la vida, disponer de viviendas adecuadas y un vasto acceso a agua potable. Persisten déficits nutricionales en poco más de una quinta parte de la población y no llega en plenitud la educación de calidad a estratos de la población.
