Las vicisitudes por las que atraviesan más de 15 mil personas desplazadas de sus hogares en distintas provincias del país, luego de que 2,768 viviendas resultaran inundadas y entre ellas cerca de 100 destruidas por las lluvias y desbordamiento de ríos y cañadas, y las amenazas de posibles nuevas inundaciones, debe mantener al Gobierno y al país en completo estado de emergencia.
A todo esto, pese al esfuerzo y advertencias de las autoridades, once personas, la mayoría menores de edad, han perdido la vida como consecuencia de imprudencias, llevando el luto a numerosas familias que suman ese dolor a la desgracia de encontrarse afectadas por tres semanas de incesantes aguaceros.
La desgracia que abate a tantos seres humanos, dejando pérdidas materiales estimadas en más de 20 mil millones de pesos, debe ser un motivo de unión entre todos los dominicanos que de distintas maneras debemos, junto a las autoridades, aportar lo que esté a nuestro alcance para paliar la situación de tantas víctimas de estos fenómenos de la naturaleza.
El Gobierno con todas sus dependencias debe poner personal, recursos materiales y equipos al servicio de los damnificados, y los políticos, en la administración pública o no, tienen una excelente oportunidad para demostrar su solidaridad con su presencia y aportes en los difíciles momentos que sufren estos hermanos.
El sector privado presente en las provincias afectadas también debe colaborar, desprendiéndose de parte de los beneficios que han obtenido de las comunidades en las que tienen negocios como bancos, cooperativas, centros comerciales y otras muchas instituciones lucrativas. Todos, en definitiva, debemos decir presente en estos dramáticos momentos por los que atraviesan tantos dominicanos.