RAFAEL TORIBIO
Cuando se hablaba del internacionalismo proletario y de la lucha contra el imperialismo, el Che Guevara hizo famosa la frase de que «la solidaridad es la ternura entre los pueblos», para indicar que el sujeto de las relaciones internacionales debe ser el  pueblo, y que la característica fundamental en que debían basarse era la adhesión y defensa de una causa común, practicada con delicadeza y reciprocidad.

Si nos referimos a la solidaridad social, las relaciones se dan entre el Estado y los ciudadanos, las instituciones y los ciudadanos y entre las personas. En la solidaridad social, la ternura, ese modo particular de relacionarnos, debe estar acompañado de la justicia, la equidad y el cumplimiento de responsabilidades. En estos tiempos, sin embargo, vemos con demasiada frecuencia, porque suceden a diario, muestras de falta de solidaridad, o simplemente, que ya no existe: hay irresponsabilidad del Estado con sus ciudadanos, evidenciada en una seguridad social tardíamente aprobada e implementada de manera parcial y lenta; evasión fiscal que disminuye los recursos del Estado que debieran orientarse al bienestar de las personas; actos diversos y frecuentes de corrupción; y el «sálvese quién pueda», que ha venido a sustituir la cohesión y la solidaridad entre las personas. La corresponsabilidad con todo y por todos, que no es otra cosa que la solidaridad, concretizada en hacer suya las causas de los otros, parece que ya es cosa del pasado.

Por su naturaleza, el Estado está llamado a producir una compensación, procurando igualdad entre ciudadanos que son desiguales y que se desarrollan en circunstancias que por si solas no producen igualdad. Ahora, cuando sus funciones se han redefinido en contenido y alcances, y algunas han pasado a ser desempeñadas por el mercado, esta función compensatoria del Estado es más necesaria. La fórmula moderna de la solidaridad social del Estado con sus ciudadanos es a través de la ejecución de políticas sociales, desde la seguridad ciudadana hasta un transporte público eficiente, pasando por la seguridad social, la salud y la educación, y que deben traducirse en un desarrollo humano sostenible, que abarque la totalidad de la persona.

Las Instituciones, por su parte, tienen también un deber de solidaridad con relación a los ciudadanos. El desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades deben representar una contribución importante al bienestar y desarrollo humano, comprendiendo desde la seguridad jurídica a servicios eficientes y oportunos, sin olvidar nunca que el incumplimiento del deber se traduce en lesiones a las personas y a sus derechos. Lamentablemente la solidaridad de las instituciones a veces se interpreta que debe ser solo con relación a sus miembros, para defenderlos, aunque con su conducta la denigren, y no respecto a los ciudadanos, que es su razón de ser. Cuando la justicia es lenta, o permite que ciudadanos cumplan penas por las que no ha sido condenados, se lesionan derechos fundamentales. Cuando una Superintendencia es incapaz de descubrir irregularidades, y si las detecta las calla, los resultados nos perjudican a todos.

La solidaridad entre las personas va desapareciendo lentamente. La falta de la solidaridad del Estado y de las Instituciones, que se traduce en servicios deficientes, ha promovido la «privatización individual de los servicios públicos», pero solo en aquellos que tienen recursos económicos para cubrirlos. Además de la enorme injusticia que esto implica, resulta que quienes pueden resolver de manera individual son los que tienen suficiente poder para presionar por servicios de calidad y eficiencia. Pero como tienen su problema resuelto se ocupan muy poco de que el problema se resuelva para beneficio de todos. Mientras algunos puedan tener buena educación para sus hijos, energía, agua potable y seguridad privada, difícilmente lucharán para que haya educación de calidad para todos, al igual que agua, energía y seguridad. Sin embargo, la experiencia nos indica que cuando falta la solidaridad del Estado y de las Instituciones y se ha impuesto el «sálvese quien pueda» la seguridad de los seguros también desaparece.

La solidaridad social nos beneficia a todos. Su falta nos perjudica a todos.