M. DARÍO CONTRERAS
Comenzamos por afirmar que el acuciante problema eléctrico que nos agobia desde hace décadas es, como el problema de los haitianos, un asunto de Estado. Han pasado varios gobiernos y partidos políticos en la conducción del Estado Dominicano sin avizorar una verdadera solución del problema. Todos, en mayor o menor medida, tienen responsabilidad por el pésimo y oneroso servicio eléctrico que recibimos. Cada nuevo gobierno que arriba al poder, especialmente cuando se pertenece a otra parcela política del que gobernaba, ha manejado la situación eléctrica en base a críticas y a achacarle los errores a los otros, mientras se dispone a resolver un problema de Estado, como lo es el eléctrico, en base a una visión privativa de gobierno de turno.

El presente gobierno ha desempolvado un Plan Integral del Sector Eléctrico que pretende, en un horizonte de seis años (2006-2012), resolver el mencionado problema con la práctica eliminación de la sustracción – robo – de la energía eléctrica; la construcción de nuevas plantas más eficientes en el uso de combustibles, como el carbón, y plantas hidroeléctricas; la renegociación de los actuales abusivos contratos con las generadoras; promover la utilización de energías renovables; la mejora en la atracción de inversionistas y una mayor competitividad; rematado todo esto con una substancial reducción de los precios de la energía a los consumidores – de unos US$26 centavos de dólar a unos US$14 centavos de dólar.

Por supuesto, este Plan, como toda proyección en el futuro, parte de ciertas premisas y asunciones. La primera y quizás más importante de éstas es que el plan no perderá continuidad a través de dos períodos presidenciales diferentes. También se asume que los cuantiosos recursos requeridos para la construcción de nuevas plantas estarán disponibles cuando se necesiten, y que los diferentes entes públicos y agentes privados del sector eléctrico cumplirán con sus compromisos y responsabilidades en forma cabal. Además, la reducción del robo de la electricidad implica un cambio cultural, especialmente cuando los consumidores saben que pagan una tarifa demasiado elevada. Pobres y ricos aceptan esta práctica como algo “natural” ante un servicio muy deficiente, muy caro y muy injusto, producto de gobiernos de corta visión y malos negociadores.

Uno de los temas más delicados en la solución del problema eléctrico es el rol del Estado como “juez y parte” de todo este complicado y complejo rompecabezas. Al mismo tiempo debe actuar como emisor de políticas, autoridad reguladora y agente comprador y vendedor de energía. No con esto queremos desmeritar al Estado como ente facilitador del proceso de reforma del sector eléctrico, pero sí advertir que hacer políticas públicas coherentes es una cosa, otra es la de regular el funcionamiento del sistema en forma imparcial y en defensa de los derechos del consumidor y los suplidores de un servicio de carácter monopólico, y aun otra es la de involucrarse como agente comercial que compra y vende un servicio. En la experiencia internacional tenemos casos de buenos y malos administradores, tanto estatales como privados.

Tal como señalamos al principio, la solución de nuestro problema eléctrico es un asunto de Estado. Como tal requiere que se maneje con sentido de visión y mucha transparencia, con la más amplia colaboración de los principales sectores que inciden y hacen posible que los planes nacionales de mediano y largo alcance se continúen y fructifiquen exitosamente: gobierno, políticos, empresarios y válidos representantes del sector laboral y de la sociedad civil.

Acogemos con beneplácito la iniciativa gubernamental de ofrecer y discutir un plan para la recuperación del sector eléctrico nacional. Deseamos fervientemente que la discusión del Plan concite el verdadero interés del país, pues su éxito dependerá de que el mismo se socialice y lo acojamos como la mejor opción para resolver un grave problema que puede paralizar nuestro desarrollo y la inserción positiva del país en la economía global.