Hay un rasgo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha sorprendido, a algunos para bien y a otros para mal: la rígida ortodoxia fiscal.
En el pasado, los gobiernos de izquierda en muchos países de América Latina y de Europa se caracterizaron por una política fiscal más laxa, con mayor tolerancia al déficit público, con una propensión a simplemente gastar más.
Eran los gobiernos de derecha o conservadores los que tenían como una de sus banderas la reducción del gasto público, así como el control estricto de las finanzas públicas del país.
Además, los gobiernos de izquierda eran proclives a proponer incrementos de impuestos, mientras que los de la derecha buscaban reducirlos o por lo menos no incrementarlos más.
Si además de la tendencia ideológica de izquierda, quien estaba en el gobierno era un personaje carismático y con alto arrastre entre la gente, había una pulsión al gasto en subsidios, apoyos y programas sociales, para asegurar su base de respaldo.
Por eso, para muchos, ha resultado toda una sorpresa que la política fiscal de López Obrador sea más cercana a la filosofía conservadora que a la visión liberal o de izquierda.
Desde la presentación del Paquete Económica 2019, en diciembre de 2018, quedó claro que el gobierno no abandonaría el propósito de generar un superávit primario en las finanzas públicas del país.
La existencia del superávit primario implica que los gastos operativos y de inversión del gobierno son inferiores a sus ingresos ordinarios. Es decir, el déficit deriva exclusivamente del costo financiero.
Pero no fue solo el Presupuesto lo que evidenció la tendencia conservadora del gasto. En diciembre, ya en el primer mes del nuevo gobierno y aún con el ejercicio fiscal 2018, fue visible una contención del gasto público.
Se pensó entonces que era derivada del proceso natural de arranque de una nueva administración y que, al paso de las semanas y los meses, la situación se normalizaría, al menos en cuanto al uso del gasto autorizado.
Terminó el primer trimestre del año y las cifras evidenciaron una reducción del gasto público de 6.1% en términos reales respecto del mismo periodo de 2018, equivalente a unos 31 mil 363 millones de pesos.
Parte de esta reducción es porque se dejaron de ejercer recursos ya autorizados, en alguna medida por los nuevos procesos de liberación de gastos centralizados en la Secretaría de Hacienda.
Más allá de todos estos hechos, fue anunciado un nuevo programa de reducción de gastos que empezó a aplicarse a partir de mayo y que eventualmente implicará un ahorro superior a los 20 mil millones de pesos. En el caso del gobierno de López Obrador, la política de precios de las gasolinas ha implicado la existencia de un incentivo fiscal vinculado a su consumo.
Medidas
Curiosamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en práctica medidas fiscales más cercanas a los gobiernos de izquierda, con un alza del impuesto sobre la renta a las personas físicas de altos ingresos y con una política alcista en los precios de las gasolinas, que tiene un efecto progresivo en la distribución del ingreso. Se ha generado un compromiso para no realizar ajustes impositivos federales en los primeros tres años.