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BOGOTÁ.— El proceso de paz de Colombia se ha visto sacudido por el sorpresivo arresto de un exlíder de la desmantelada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que está acusado de intentar introducir varias toneladas de cocaína en Estados Unidos.
La detención de Seuxis Hernández, un exnegociador conocido por su alias Jesús Santrich, el lunes alimentó el temor de muchos colombianos a que la formación no haya cortado sus lazos con el floreciente submundo delictivo del país.
Además, provocó un intercambio de recriminaciones entre los conservadores críticos con el proceso de paz y los partidarios de las FARC.
Más de 100 antiguos rebeldes y simpatizantes de las FARC se congregaron el lunes en la noche en el exterior del protegido búnker de la fiscalía donde estaba retenido Santrich, de 51 años, para exigir su liberación. Ondeando banderas blancas con la rosa roja que simboliza el movimiento político de los exguerrilleros, algunos gritaron “libertad” y denunciaron lo que calificaron de acto de sabotaje judicial del gobierno y sus aliados estadounidenses.
Policías antimotines flanqueados por un cañón de agua observaron la escena en silencio mientras en el interior del complejo Santrich habría iniciado una huelga de hambre para pedir su puesta en libertad, según su abogado.
El presidente Juan Manuel Santos defendió la detención, que se efectuó en base a una orden emitida por Estados Unidos, como necesaria para mantener la credibilidad de un acuerdo de paz que la mayoría de los colombianos consideran demasiado generoso hacia unos rebeldes responsables de atrocidades durante cinco décadas de un sangriento conflicto armado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“No me temblará la mano para autorizarla (la extradición)”, manifestó Santos en un discurso televisado para toda la nación en el que intentó asegurar a los guerrilleros desmovilizados que no tienen nada que temer siempre y cuando cumplan los compromisos firmados en el acuerdo de paz de 2016. “Es lo que exige el pueblo colombiano. En eso no puede haber tolerancia ni debilidad”.
Santrich, que se unió a las FARC cuando tenía 20 años y fue ascendiendo en su jerarquía de forma gradual, fue uno de los primeros líderes rebeldes que apostó por la paz. Acudió a Noruega en 2012 para participar en las negociaciones con el gobierno de Colombia y también estuvo presente en el proceso que continuó durante los siguientes cuatro años en Cuba, donde se forjó una reputación como ideólogo conservador.
Fue detenido el lunes en una vivienda en Bogotá por la acusación de una corte federal en de Nueva York de que conspiró con otras tres personas para enviar varias toneladas de cocaína a Estados Unidos. El cargamento estaría valorado en 15 millones de dólares y podría haber alcanzado los 320 millones en la calle.
Según un aviso de Interpol, Santrich se reunió con los compradores en su casa el 2 de noviembre de 2017, un día después de que uno de sus colaboradores entregó una muestra de cinco kilos del producto en la recepción de un hotel de la capital colombiana. Durante el encuentro y las negociaciones posteriores, él y sus compinches supuestamente discutieron planes para contrabandear un cargamento de 10 toneladas a Estados Unidos, presumiendo de tener acceso a laboratorios y aviones registrados en Estados Unidos para producir y transportar la droga dentro de Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo.
Antes incluso de que se dieran a conocer los detalles de su detención, los líderes de las FARC la condenaron calificándola de revés que socavaría la confianza de los casi 7.000 guerrilleros desmovilizados en el proceso de paz.
“Este es el peor momento que puede estar atravesando el proceso de paz”, dijo el exlíder rebelde conocido como Iván Márquez, que fungió como jefe del equipo negociador durante las conversaciones de paz.
La detención se produce a menos de una semana de la visita del presidente de Estados Unidos a Bogotá.
Las autoridades estadounidenses dudaron de la sinceridad del compromiso de los líderes guerrilleros de abandonar el narcotráfico al entrar en política, y el año pasado nombraron a 21 sospechosos de tráfico de drogas que estaban buscados para ser extraditados y que, de algún modo, lograron entrar a una lista de excombatientes y simpatizantes protegidos por el acuerdo de paz.
Según los términos del tratado, los rebeldes que depongan las armas y confiesen sus crímenes de guerra ante tribunales especiales de paz se librarán de entrar a prisión y de la extradición. Pero no están protegidos ante los delitos cometidos tras la firma del pacto en diciembre de 2016.
“Los altos mandos nunca cortaron sus lazos con la producción de cocaína que les hizo ganar miles de millones de dólares durante la insurgencia”, dijo Douglas Farrah, profesor visitante en la National Defense University que declaró ante el Congreso de Estados Unidos sobre los vínculos de las FARC con la delincuencia.
“Como los adictos, simplemente no pueden abandonar el negocio”, agregó.
Durante años, las FARC financiaron su insurgencia aplicando un “impuesto de guerra” a la cocaína que se movía por los territorios que controlaban. Cincuenta miembros de su estructura de mando, entre los que no estaba Santrich, fueron acusados por Estados Unidos en 2006 de dirigir el mayor cártel de narcotráfico del mundo.
Pero los rebeldes siempre han negado su implicación directa en el narcotráfico y los negociadores del acuerdo de paz calificaron en 2013 esta actividad como un “flagelo” que ha “contaminado” el sistema financiero internacional y generó una crisis sanitaria global.
