Regularmente, cuando un país gasta más de lo que le ingresa es motivo de preocupación, tanto en el presente como en el futuro. Aunque a veces, tener un déficit o un superávit en el balance fiscal es lo que menos importa, siempre que la economía cuente con la posibilidad de financiar los aumentos de carácter permanente en el gasto público, o la posibilidad de que se establezcan nuevos incrementos de impuestos o posibles reducciones en el gasto. Es por ello, que cabría entonces preguntarse, ¿cuál sería el nivel de déficit fiscal que una economía puede tolerar?

Actualmente, el tema de tener un nivel de déficit público adecuado a una economía de mercado es referido a través del concepto de sostenibilidad fiscal. Este concepto busca analizar las restricciones de corto, mediano y largo plazo que enfrenta la política fiscal de un país, relacionadas con análisis específicos del ciclo económico, con la dinámica que relaciona la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), con las vulnerabilidades asociadas a las eventuales perturbaciones entre la economía nacional y la extranjera (en función a las diferencias entre las tasas de interés de aquí y de allá), o con respecto a las diferentes tasas de inflación, a las volatilidades del tipo de cambio real, y a los casos de represión financiera (recurso de política monetaria).

Definición del déficit

Para determinar y reflejar adecuadamente una política fiscal, antes que nada deberá considerarse qué tan amplia habrá de ser la medida del déficit fiscal, es decir, el tamaño del déficit. Porque el problema ha sido siempre que casi todos los países tienen actividades fiscales que quedan fuera del alcance del presupuesto del Gobierno Central, incluidas sus actividades extra presupuestarias (como las operaciones de crédito) o aquellas operaciones que el gobierno realiza de manera conjunta con el sector privado. Otro problema es la actitud fiscal de un país cuando se analizan las fuentes y los usos de recursos, incluidos los gastos extra presupuestarios.

Un tercer problema es que la definición convencional del déficit, aún extendiéndola para que cubra a todo el sector público, pasa por alto los futuros compromisos esperados por parte del gobierno, sus pérdidas y ganancias de capital durante el año presupuestario, y el hecho de que ciertos gastos realizados por el Gobierno tengan por resultado la acumulación de activos reales valiosos, tales como grandes obras de infraestructura, o que la venta de estos activos pueda aportar ingresos al gobierno.

Se definen convencionalmente los déficit fiscales como la diferencia entre gastos e ingresos presupuestarios. Se suelen expresar como una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) con el fin de permitir comparaciones intertemporales o entre países. Si bien semejante medida puede parecer objetiva, en realidad está sujeta a muchos problemas que pueden llegar a afectar los diferentes puntos de vista que se tengan acerca de la actitud de la política fiscal sobre la economía.

Existen diferentes metodologías para definir y medir los desequilibrios de las cuentas fiscales de una economía. Obviamente, todas buscan equilibrar el uso de los recursos de los sectores público y privado y evitar en esa forma la inflación y las presiones sobre la balanza de pagos. En realidad, cuando se considera que cada peso que gasta el Estado previamente haya debido entrar en sus arcas, el déficit público vendría a definirse desde el punto de vista de un presupuesto estricto de caja, derivándose entonces el criterio de lo percibido. En cambio, cuando el desequilibrio trae como consecuencia una diferencia entre lo percibido y lo efectivamente recibido, el déficit se define desde el punto de vista de un presupuesto de competencia o resultado presupuestario, derivándose entonces el criterio de lo devengado.

Sostenibilidad del déficit

Para que una política fiscal pueda considerarse como sostenible en el tiempo es imprescindible que los programas de gastos realizados por el gobierno sean consistentes con la posibilidad de obtener ingresos sin poner en riesgo los objetivos de la política económica, ni el cumplimiento de obligaciones presentes y futuras.

Por su parte, la sostenibilidad de la deuda pública tiene que ver con la posibilidad de que el volumen de la deuda pueda crecer, a la vez de considerar los problemas de la financiación del déficit presupuestario con dinero (señoreaje y el impuesto inflacionario) y la determinación de sus posibles niveles máximos. Un economista que ha tratado el tema de la sostenibilidad fiscal con vehemencia ha sido Oliver Blanchard (2003). A través del llamado indicador de brecha primaria ha dejado demostrado que una política fiscal puede resultar sostenible siempre que la relación deuda pública/PIB no crezca más rápido que el exceso que exista entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento de la economía, lo cual quiere decir que la deuda pública no deberá nunca crecer más rápido que la capacidad de generar ingresos.

No obstante, un país requerirá menos niveles de deuda en la medida en que la tasa de inflación sea menor, o bien el país experimente mayor nivel de crecimiento económico. Así, la magnitud en la diferencia, en términos reales, entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento de la economía, determinará los niveles correspondientes del resultado fiscal y las fuentes potenciales de financiamiento interno.

En el análisis de sostenibilidad, es de suponer que si una economía no crece, el déficit primario (aquél del que se excluye el pago de intereses de la deuda) no resulte viable a largo plazo. Se supone así porque cada nueva emisión de deuda generaría una mayor carga de intereses que aumentaría el déficit total (primario más intereses) exigiendo sucesivamente mayores emisiones de deuda. En cambio, dependiendo a que tasa la economía crezca, permitiría poder dinamizar un aumento tal en las recaudaciones que cubra los mayores pagos por intereses. Así, la clave de la estabilidad de este esquema de financiación es la relación deuda-producto: si esta proporción se mantiene constante, significaría que el esquema es estable, porque el aumento del numerador (para financiar los déficits generados por los mayores intereses) se vería compensado por el del denominador (un aumento del producto que permitiría una mayor recaudación impositiva).

Utilizando la metodología de Blanchard (2003) se podría deducir que la sostenibilidad de un déficit fiscal pudiera compatibilizarse con una relación fiscal óptima a través de tres cosas.

Primero, a través de lo que el gobierno podría recaudar vía los contribuyentes que no declaran. Segundo, a través de lo que recaudaría a través del señoreaje (enfrentando el riesgo de generar inflación).

Y tercero, lo que recaudaría a través de préstamos (enfrentando el riesgo de revaluar la tasa de cambio, o provocar fuga de capitales).

Lo que sí parece evidente es que cuando se hace un uso excesivo de la deuda pública se pueden generar movimientos alcistas en las tasas de intereses reales y en los desplazamientos en los niveles de la inversión privada, los cuales conllevarían a reducciones importantes en el crecimiento del PIB.

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Análisis de un déficit fiscal

Método de lo percibido o de lo devengado: a mediados de la década de los 60, donde prevalecía la opinión keynesiana sobre la política fiscal, se consideraba que el concepto de valores devengados era preferible para evaluar la efectividad de una política fiscal. No obstante, la realidad demostró, que antes de que las personas y sociedades realizaran el pago de sus impuestos, habían previamente tomado en cuenta sus obligaciones tributarias y consideraban disminuir sus gastos. Hoy, sin embargo, el concepto de efectivo (o caja) es igualmente importante, sobre todo para propósitos de evaluación de las implicaciones que en el mercado financiero tiene un déficit presupuestario. Se entiende que, automáticamente, un déficit fiscal aumente en tiempos de recesión y baje en la prosperidad.