Tenso y dividido, Brasil inicia este lunes una semana en la que se decidirá si la presidenta Dilma Rousseff deberá enfrentar un juicio de destitución.

Una comisión especial de 65 diputados debería aprobar por mayoría simple un informe no vinculante que propone proseguir el proceso de destitución de la mandataria izquierdista ante el Senado el cual tendrá la última palabra.

La mayoría de comisión debería ratificar la posición del relator, el diputado derechista Jovair Arantes, que recomendó la destitución de la mandataria por manipular las cuentas públicas.

La oposición acusa a Rousseff de haber intervenido en las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015.

Con una popularidad mínima y con el país en recesión, la exguerrillera izquierdista de 68 años denuncia persistentemente una tentativa de «golpe de Estado» y rechaza estas acusaciones. Sea cual sea el dictamen de la comisión, ésta será sometida al voto del plenario de la Cámara.

Entre domingo y lunes se espera el fallo definitivo de los diputados en un proceso donde solo el Senado tendrá la última palabra.

Este lunes, en Río de Janeiro, el expresidente y antecesor de Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva, encabezará actos junto a partidarios del gobierno con el ánimo de movilizar a las bases y salvar el legado de los 13 años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.

Investigado por corrupción en el caso Petrobras que sacude a toda la clase política y profundiza la crisis, Lula (2003-2010) fue nombrado ministro de la Casa Civil a mediados de marzo por Rousseff con el objetivo de movilizar los apoyos necesarios para frenar el procedimiento de destitución.Pero su asunción fue bloqueada por la justicia que consideró que su nombramiento –que le otorga fueros– fue una artimaña para protegerle de la justicia ordinaria y del juez Sergio Moro que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.