Algunos funcionarios públicos cometen atropellos y causan daños y perjuicios con actuaciones antijurídicas y arbitrarias, debido a que cuentan con que si un afectado recurre a la justicia, la que sería enjuiciada sería la institución donde se desempeña.

Los contratistas de obras estatales fueron en el pasado retro-próximo las víctimas más comunes de esas acciones, y la pasiva actitud que asumen cuando son atropellados se confabula con la impunidad de funcionarios que son justiciables.

Ciertamente tenemos en nuestro país muchos profesionales de la construcción que no conocen las bases legales que se pueden utilizar cuando los titulares de las instituciones públicas violan un contrato al no cumplir, por ejemplo, con el pago de trabajos ejecutados.

El artículo 148 de la Constitución de la República indica que “las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Por otro lado, los artículos 1382 y 1383 del Código Civil se refieren a la responsabilidad en que se incurre cuando se causa a otro un daño o perjuicio por culpa personal, negligencia o imprudencia.

También dicen esos artículos que “se está en falta cuando se causa a otra persona un perjuicio ilícito, sea a sabiendas y voluntariamente, sea por imprudencia o negligencia”.

El Estado es una persona jurídica, sujeto de derecho que celebra contratos, es titular de patrimonio, es justiciable y está sometido, al igual que todos. a la Constitución y las leyes.

Cuando el Estado y las instituciones transgreden los derechos y garantías de los ciudadanos, éstos procuran la protección y efectividad de dichos derechos acudiendo al Poder Judicial, cuyo acceso está garantizado por la Constitución.

Estas reflexiones resultan propicias ante la exhortación que se ha hecho a los ingenieros que participaron en la terminación de tres centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que desde hace tres años no han recibido los pagos correspondientes, para que sometan a la justicia al funcionario responsable.

Los mencionados centros regionales de la UASD fueron inaugurados en el año 2011.