POR RAIMUNDO TIRADO
Mientras José Francisco Peña Gómez a través de su tesis del Gobierno Compartido le dio un lugar preeminente a la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en toda la acción del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales (o ayuntamientos), las actuales autoridades han hecho todo lo contrario.

Cuando fue síndico del Distrito Nacional, el doctor Peña Gómez reforzó la creación y desarrollo de las Juntas de Vecinos, y les dio amplia participación en la dinámica municipal. Lo mismo hizo con los clubes culturales y deportivos, los comités de amas de casa y otras instituciones de la sociedad civil.

La colaboración con las iglesias, el trabajo con los barrios a través de los convites entre autoridades y pueblo, la creación del Consejo Empresarial de Asistencia Municipal, de la Comisión Rectora de la Zona Colonial, y de los centros comunales, fueron parte de la idea integradora del Dr. Peña Gómez para lograr la mayor eficacia en los servicios municipales.

La sindicatura del Dr. Rafael A. Suberví Bonilla reforzó la dinámica emprendida por el doctor Peña Gómez, mientras que la gestión del síndico Johnny Ventura dio paso a la aprobación de la Resolución No. 262-99 y su reglamento, relativos a la participación de las organizaciones comunitarias y ciudadanas en el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Fue también la sindicatura de Johnny Ventura la que tuvo la iniciativa de introducir la modalidad del Presupuesto Participativo en su gestión, lo cual reforzó con el envío de funcionarios, regidores y representantes barriales a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, para recoger las experiencias vividas allí en ese orden.

Durante el Gobierno del presidente Hipólito Mejía se creó el Gabinete Social, se publicó el Decreto sobre la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en el accionar público y se mantuvo el apoyo económico a las ONG’s, instituciones religiosas, estudiantiles, fundaciones y otras instituciones afines, creando el Consejo Nacional de Seguimiento a las Organizaciones sin Fines de Lucro.

La administración peledeísta no se ha preocupado por el aspecto de la participación. Ha descuidado grandemente el trabajo con las organizaciones sociales y comunitarias, y lo que es peor, sacó del presupuesto nacional a cientos de ONG y otras instituciones sin fines de lucro, dejándolas desprovistas de fondos para cumplir con sus objetivos sociales.

Para sustentar su cometido de despojo, se inició una labor de descrédito de las instituciones de la sociedad civil, en el sentido de que no estaban utilizando los recursos aportados por el Gobierno en actividades y obras propias a sus fines y objetivos.

Se alegó también que gran parte de esas organizaciones no cuentan con una efectiva supervisión pública, y que esos fondos era probable que fueran a parar a los bolsillos de dirigentes civiles y políticos que apadrinaban algunas de esas instituciones.

Creemos que se cometió un abuso incalificable porque si existe un mecanismo de rendición de cuentas, y un Consejo Nacional de Seguimiento para rastrear la labor de las organizaciones civiles y comunitarias, a qué se debe la supresión?

Lo razonable hubiera sido que el Gobierno, en vez de producir ese despojo irracional, creara un gran equipo de supervisión en todo el ámbito nacional para darle seguimiento al trabajo de las ONG y afines, y que se privilegiara a todas aquellas instituciones que hicieran un buen uso de los fondos públicos.

Pero no se procedió así, ya que el despojo se hizo sin hacer ninguna investigación previa, provocando que muchas instituciones que estaban realizando una labor maravillosa en el seno de la comunidad se quedaran sin recursos, y tuvieron muchas de ellas que abandonar sus programas y planes.

Es por eso que millares de dirigentes sociales y comunitarios se lamentan de haber dado su respaldo al PLD para su vuelta al poder y están esperando la oportunidad para su desquite.