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El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), reveló en su más reciente estudio que la tasa de desempleo juvenil es superior a un 20% y si se toma en cuenta los jóvenes de 15 a 24 años la tasa aumenta a un 30% en el período 2008-2015, según las estadísticas disponibles, lo que supone un valor superior al desempleo general en República Dominicana.
“Si se toma en consideración a los jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo (los que comprenden edades entre los 15 y 24 años) la tasa aumentaría a un 30%, lo que está por encima de la media latinoamericana y alrededor de tres veces el promedio mundial”, señala el informe que realiza un análisis comparado con otros países de la región.
“Proyecto de ley de Pasantía Juvenil: desempleo y falta de oportunidades”, de la autoría de Flor Batista Polo y Jean David de Jesús Adón, coordinadora e investigador de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, explica que en promedio, de 2008 a 2015, la tasa de desempleo juvenil fue 7.2 % más alta que la de desempleo general.
“Lo que preocupa es que aunque el desempleo general se haya mantenido estable con una ligera disminución durante estos siete años, la tendencia general del desempleo juvenil fuera al alza. También se debe tomar en cuenta que dentro del grupo de desempleados jóvenes están los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NI-NI). La cantidad de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban al 2015 superaba los 400,000. Este grupo está conformado principalmente por mujeres, que representan el 63.6%”, enfatizan los investigadores.
Proyecto de Ley de pasantía juvenil
El informe también profundizó sobre el Proyecto de Ley de Pasantía Juvenil de la autoría de la legisladora Karen Ricardo, sometido por primera vez en el año 2007. “Esta iniciativa busca mejorar las experiencias laborales y la transición de la escuela al trabajo a través de la generación de un sistema de formación dual para jóvenes (Formación laboral en conjunto con cursos técnicos) y ha sido reintroducida aproximadamente cinco veces en la Cámara Baja, siendo la última vez el 26 de octubre de 2016. No obstante, perimió al término de la primera legislatura ordinaria de 2017”.
Las modalidades formativas que establece el proyecto son cuatro: pasantía laboral para egresados; convenios de becas de trabajo, donde el empleador se compromete a financiar la formación de un pasante, quien se compromete a retribuir con horas de trabajo al contratante; modo de aprendizaje técnico, el cual consiste en un contrato de trabajo en el que el contratante está obligado a formar al pasante bajo un programa educativo diseñado por una institución técnico-especializada, y aprendizaje simple, donde el pasante se convierte en un pupilo que al mismo tiempo es empleado de la empresa. Aquí no intervienen centros de educación.
“Es importante tomar en cuenta que la pieza legislativa contempla elementos que podrían generar la disminución del desempleo juvenil y la capacitación del personal joven que pueda acceder al mismo. Las modalidades de formación son, precisamente, una de las novedades de la iniciativa que complementarían los contratos de aprendizajes establecidos en el país. De igual forma, se encuentra el establecimiento de un consejo coordinador que aseguraría el trabajo en conjunto de los Ministerios de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Juventud, INFOTEP y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), entre otras más”, precisan.
Por otro lado, uno de los puntos tratados en la propuesta que más controversia y críticas recibió fueron los incentivos fiscales a las empresas que implementarían el programa de pasantías juveniles. La iniciativa sugiere que se acredite a las instituciones que contraten pasantes el 10% de lo invertido en las retribuciones económicas asignadas a los aprendices.
“La idea de implementar los incentivos fiscales es motivar a que las empresas contraten jóvenes entre los 18 y 30 años de edad que no tengan experiencia en el sector laboral. Uno de los puntos tensos en la discusión existente en Latinoamérica es precisamente este, por la creencia de que podría generar un ambiente donde solo el empresariado saldría beneficiado y no solucionaría el problema del desempleo, como el caso de Colombia”, pondera el análisis.
Conclusiones y recomendaciones
“Debido a las experiencias y discusiones actuales en América Latina, el Poder Legislativo debería considerar discutir en vistas públicas con los sectores involucrados este tema, así como prestar más atención a los incentivos, especialmente, en un país donde el gasto fiscal alcanzó, para 2017, los $231,125.6 millones de pesos (6.4 % del PIB). De lo contrario, establecer mecanismos de fiscalización y evaluación hacia las empresas antes de otorgarles este tipo de exención es una idea que aseguraría la inversión del Estado y la efectividad de la normativa”, sugiere la investigación.
Añade que otra forma de incentivar a las empresas a que contraten pasantes sin la necesidad de erogar beneficios fiscales es promoviendo una participación más activa del Estado. “En ese sentido, el Gobierno puede encargarse de las etapas de capacitación de los pasantes y otros aspectos de fiscalización y evaluación a las empresas contratantes”.
Para el año 2017, el documento señala, se estimó que el grupo de 15 a 34 años se encontraba en 3,467,547, el 34.1% del total de la población. Estas proyecciones indican que para el año 2030 este conjunto poblacional superará los 3.5 millones de personas.
En tal sentido, aunque en la región existen países que emulan normativas sobre el tema, no existe un modelo ideal. La lección es que para un aprovechamiento del potencial de las pasantías y otros modos de aprendizaje mixto, la legislación debe de ser específica, exhaustiva y adaptada a las necesidades del mercado. Al mismo tiempo, los mecanismos de acción, control y promoción deben de estar mejor definidos. Por todas estas razones, la discusión y debates en vistas públicas con los sectores e instituciones interesados son de suma importancia”, concluye el análisis del OPD-FUNGLODE.
