EDUARDO JORGE PRATS
Uno de los aspectos más singulares del proceso de tránsito del autoritarismo a la democracia en la República Dominicana ha sido el de que nuestras élites han resistido la tentación de sumirse en el momento constituyente perpetuo a que se han visto sometidas algunas naciones hermanas. La más reciente prueba de ello la encontramos en la exitosa conclusión, a nivel territorial y sectorial, del proceso de consulta popular para la reforma constitucional activado por el presidente Leonel Fernández.

Ya se sabe que lo que movió al Presidente a inclinarse por la vía de la consulta popular previa a la asamblea nacional revisora en lugar de la convocatoria de una constituyente ha sido el hecho fundamental de que los dominicanos no nos encontramos en una situación de crisis política o de ruptura con un régimen autoritario sino que, muy por el contrario, el consenso es la necesidad de perfeccionar, con las propias herramientas del sistema y desde la legalidad misma, las instituciones democráticas y el régimen de Estado de Derecho.

Hemos afirmado en otras ocasiones, sin embargo, que el Presidente, con su decisión de convocar la consulta y aceptar el legítimo poder constituido de reforma en manos del Congreso, tuvo la visión, además, de contribuir a evitar que el país se involucrara en un proceso constituyente que, al tiempo de suspender los poderes constituidos elegidos por el pueblo, nos condujese a una situación en la que un comité -el Comité de Salud Pública en la revolución francesa, la Comuna en el modelo de Marx- o un líder carismático revolucionario, instaurase una constituyente permanente que refundase la República, una dictadura soberana a lo Schmitt que hiciere de lo extraordinario ordinario y de lo excepcional la regla.

Las ilustraciones de los peligros que acarrea una constituyente en donde el titular legítimo de la soberanía -el pueblo- es engañado por demagogos carismáticos que hacen imperar su persona individual sobre el colectivo, usurpando así la soberanía para sus proyectos autoritarios, sobran. La suspensión de leyes y derechos, la revocación de estatutos y funcionarios, el otorgamiento por el legislador de plenos poderes al Ejecutivo, son parte de la sintomatología del estado de excepción de viejo cuño ahora vuelto permanente por obra y gracia de un movimiento constituyente perpetuo.

Aquí hay que resaltar que de lo que hablamos es de la usurpación de las técnicas democráticas por gobernantes autoritarios que legitiman sus actuaciones acudiendo a los propios mecanismos electorales para prolongar su poder. Se trata de autoritarismos invisibles que reinan gracias a la corrupción y la decadencia de los partidos políticos, lo cual les permite efectuar un asalto a los poderes institucionales y operar una democracia de fachada asentada en la tiranía de manipuladas mayorías electorales. Las elecciones funcionan así como un dispositivo de asfixia de la democracia y de fortalecimiento del proyecto autoritario. En la mejor tradición bonapartista, el líder autoritario no teme someter sus propuestas a los mecanismos de participación democrática y cambiar constantemente las reglas de juego (nombre del país, reglas parlamentarias, etc.) para fortalecer su mantenimiento en el poder.

Nada más lejos que el esfuerzo de los dominicanos de reformar nuestra Ley Fundamental. Manteniendo la división entre poder soberano y poder constituyente, entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado, entre poder constituyente y poder constituido, entre poder constituyente y poder de reforma, los dominicanos reforzamos la separación de poderes que es el pilar de todo verdadero Estado de Derecho y, lo que no es menos importante, evitamos la usurpación del poder del pueblo por una minoría intensa y activista, dispuesta a establecer una dictadura constituyente soberana que arrase con los poderes constituidos elegidos por el soberano.

Hay que evitar que el temor de Walter Benjamin de que el estado de excepción se vuelva regla sea realidad. El único camino es reforzar las libertades ciudadanas corrigiendo las imperfecciones de la democracia representativa mediante la participación popular organizada y ampliada. La democracia cotidiana es y tiene que ser representativa y ella sólo se opone a una supuesta “democracia participativa, protagónica y directa” en el pensamiento y la acción de quienes quieren desterrar la representación popular para que un gobierno forajido anule los derechos en nombre de una mayoría tiránica.