Tomar el camino del menor esfuerzo es una tentación no sólo de las personas, sino también de las instituciones públicas. En el negocio eléctrico este camino ha sido, hasta ahora, el de aumentar los cobros del servicio a quienes tienen tradición de pagarlo. También es la tentación de los cobradores de impuestos. Las mayores presiones para pagar los tributos, incluidos los aumentos de las tasas y la creación de nuevas cargas, se hacen casi siempre sobre quienes tienen la costumbre de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Pero ahora nos ocupa el caso de las cuentas eléctricas. Las nuevas autoridades del sector eléctrico deben fijarse, en su genuino afán por cobrar el servicio que venden, en quienes no pagan la electricidad que consumen porque no se la cobran, en quienes no pagan todo lo que consumen y en las instituciones públicas que, amparadas en el privilegio oficial, tampoco pagan.

Recurrir al expediente fácil de elevar las tarifas eléctricas es seguir condenando a los usuarios a financiar las insensateces administrativas del sector, a cargar con el fardo pesado de unos contratos que hasta ahora solo han permitido a determinados generadores derivar utilidades de unas iniquidades comprensibles sólo en una gestión energética orientada, dirigida y mantenida con una lógica tercermundista y politiquera.

¿Qué habrá querido  decir el Fondo?

Miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional que está en el país han dicho, según publicó la prensa este fin de semana, que la República Dominicana tiene una situación financiera muy complicada. Cual que sea el sentido que en este contexto tenga el adjetivo “complicada”, habría que pensar que se trata de una situación “difícil de entender o de resolver”, o de una situación que está integrada por muchas partes.

Lo que fuere que se haya querido apuntar, debe llamar la atención de la opinión pública. Desde hace más de un año los hacedores de las políticas económicas han  levantado una  madeja de subsidios a la industria, a la electricidad, a la agropecuaria, a los sectores más empobrecidos, que drena los ingresos públicos. Las inversiones públicas se están haciendo con préstamos externos, casi siempre contratados en términos comerciales, adeudamos a Petrocaribe más de US$1,200 millones, y las fuentes de pesos y dólares han mermado.