Desde que ciudadanos del tercer mundo se propusieron   comprar empresas insignias del país, presentimos que podíamos estarnos encaminando hacia una pérdida inestimable en cuanto a nuestro reciente proceso de formalización y tecnificación de nuestra economía, en particular en un área en la cual ya  nos estábamos acostumbrando a sentir orgullo de estar a la altura de los Estados Unidos y por encima de los demás países del continente. Ya se había hecho un “bench mark” de una empresa de telecomunicaciones, un referente obligado para evaluar si las demás empresas estaban haciendo lo correcto en cuanto a la calidad de servicio al cliente.

A esta seguían un par de empresas dominicanas, luego venían las demás y al final de la cola, como las peores, varias empresas estatales. Con la llegada de nuevas empresas competidoras al mercado de las telecomunicaciones, primero de origen local y luego, internacional, parecía evidente que el proceso iría de bien en mejor en cuanto a los nuevos equipos y servicios, como en cuanto a la mejoría de los precios y los servicios al cliente.   Para bienaventurado remate, se creó el Indotel, para regular a las telefónicas, pero sobre todo para  defender el interés de los clientes o usuarios.

La premonición parece cumplirse: El hecho de que los nuevos dueños de la mayor proveedora de estos servicios dejara de ser estadounidense parece determinar, en primer lugar, que ya no habría sujeción a los requerimientos de calidad y transparencia administrativa a las que normalmente están sujetas las empresas de los USA. Los resultados parecen estar a la vista: La calidad de servicio es actualmente un remedo de poco gusto de lo que fuese un orgullo nacional  a causa de una empresa de capital y dirección extranjeros. Prolongadas interrupciones de los servicios, sin que se digan sus causas, ni al cliente ni a la prensa (como se hacía antes). Por su parte, el Indotel parece estar descuidando su obligación de regular  a las empresas y de defender a los usuarios. Ni siquiera se ha vuelto a averiguar sobre las quejas de los clientes. Por lo cual estamos ante otra esfera de nuestras instituciones disfuncionales tercermundistas.

 El peor sabor no es tan sólo la mala calidad de servicio y arbitrariedades en las aplicaciones de tarifas y cobros de servicios no prestados, sino que en la sensación de indefensión frente a estos poderes fácticos cuya brutalidad e indolencia es mucho mayor cuando se trata de entidades que no tienen regulación ni rinden cuentas en sus países de origen.

Y mucho menos en los países donde operan, especialmente cuando en estos últimos la coima, la negligencia o la incapacidad de los funcionarios responsables de su regulación, es parte de la cultura organizacional, privada o estatal.