La superficie recuperada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) en los 59 años de promulgación de la ley que lo crea, no se corresponde con el potencial de tierra captable por las diversas disposiciones legales, aún vigentes.

Ni con las necesidades objetivas que ha tenido el país de una reforma agraria integral.

Pese al duro batallar en el campo, el Poder Estatal protegió los grandes latifundios, mientras mantuvo la esperanza de que iba a satisfacer la ira de los campesinos.

Por su parte, los terratenientes, al tiempo de entregar las tierras inservibles, se aprovecharon para hacer grandes negocios, recibiendo elevadas fortunas de las arcas del Estado.

De manera, que esos señores han dejado que se les apliquen las leyes, cuando las tierras que ocupan son improductivas o les pagaban precios excesivamente elevados.

Las leyes más importantes han sido engavetadas, guardando el sueño eterno de unos tiempos como los que ciertamente llegaron – calcularon bien para ellos, los señores de la tierra- donde los cambios contribuyeran con la modificación de las leyes flagrantemente burladas o con un proceso anestesiado.

Es preciso hacer un análisis de la aplicación, aunque a media, del Código Agrario: De los terrenos baldíos, comprados, donados, utilidad pública, latifundio, cuota-parte y los terrenos estatales recuperados.

En el cuadro No.45 del ensayo “La Nueva Agricultura” mostramos las informaciones del IAD, donde registra una captación de tierra, en el lapso estudiado, de 11,218,103.56 tareas, mediante las siguientes modalidades:

La Ley No. 314, sobre Latifundio, recuperó 1,180,965, que representa un 10.5% del total. Su aplicación se realizó en sólo dos años, 1974 y 1978, en el transcurso de los 48 años que tiene vigente. Estas cifras aparecen dentro de los terrenos estatales recuperados.

Hacen 43 años que dicha Ley no se aplica, no obstante a que más de 3,000 propietarios son pasibles de recibir el control de la misma.

La Ley 126 y las disposiciones anteriores, sobre Cuota-Parte, que no debe ser considerada una Ley de Reforma Agraria, sino una disposición de devolución de plusvalía, es muy manejada, pero en realidad ligeramente aplicada. Apenas representa el 3.2% del total recuperado, es decir, 357,764.05 tareas.

De una inversión elevadísima en la colocación de agua a tierra secana, que así multiplican su valor, y en consecuencia, se convierten en pasible de la aplicación de esta ley, los terratenientes aún controlan por este aspecto 1,001,891 tareas de tierras, correspondientes al Estado Dominicano.

Cada tarea de tierra irrigada (antes sin agua) mediante obras públicas, le cuesta al Estado RD$24,120.0; la mayoría de estas infraestructuras fueron construidas con fondos internos, que equivale a decir con los impuestos que los ciudadanos le reportan al fisco.

Los terratenientes, en consecuencia, no sólo se quedaron con la tierra, sino que ha habido una transferencia de recursos de las arcas públicas, del pueblo, a los terratenientes.

La Ley No.282, con sus modificaciones, sobre Terrenos baldíos le ha entregado a la reforma agraria, 1,693,917 tareas de tierra, que es el 15.1%, aunque cientos de miles de tareas de tierras siguen baldías, sin producción y burlando los articulados de la Ley. Esta disposición ha sido una vía para vender tierras inservibles a altos precios.

De las declaradas de utilidad pública, tenemos 131,939 tareas, que es un 1.2% de la totalidad.

La Ley No.283, sobre Terrenos Estatales, ha alcanzado un 34.2%, que significan 3,819,923.00 tareas de tierras. Las mayores recuperaciones se han realizado en beneficio de los propios terratenientes. En las cifras oficiales aparecen 6,694,805 tareas porque se incluyen las donadas, terrenos comprados y cuota-parte.

Los terrenos donados, que alcanzaron sólo alcanzaron un 11.4%, equivalente a 1,276,934.73 tareas, generalmente de instituciones estatales como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Nacional del Algodón (INDA) y el Banco Agrícola, otras recuperadas por medio de la Ley de Cuota-Parte.

El Código Agrario de 1972 ha sido utilizado por los terratenientes a su conveniencia, de tal forma que a la Nación le ha resultado más costoso que lo prudente la adquisición de las tierras, no sólo por la tasación de las tierras, sino porque muchas de ellas no se usaron para los fines previstos.

La superficie inservible recuperada por el Estado y aquella que nunca se ocupó, aún disponiéndose su recuperación, por otras vías, se estima en alrededor de dos millones de tareas.

Nos encontramos con que apenas se integró al proceso el 23% de la superficie que debió llegar a la reforma agraria.

Analizando someramente esta labor de recuperación, podemos resumir en que las compras de tierras como de excelente calidad, pero resultaron inservibles, las declaradas de utilidad pública mediante decretos no ejecutados; las permutadas por otros terrenos, y que el terrateniente se adueñó de ambos terrenos y los captados por leyes agrarias, pero que nunca llegaron a entregarse las tierras al IAD, son parte de las dificultades que no permitieron un crecimiento mayor de la superficie en reforma agraria.

Para conocer más a profundidad lo que ocurrió, debemos estudiar al periodista Orlando Martínez, asesinado en la plenitud de su juventud, director de la revista «Ahora» y columnista del periódico El Nacional, quien profundizó en el análisis de los aspectos principales de nuestra sociedad, valientemente denunció y enfrentó a los terratenientes en el nacimiento del Código Agrario actual, bajo la concepción de que el campo -y el país- requería de cambios radicales en para elevar el trabajo productivo de nuestras familias campesinas.

En ese esfuerzo en favor de la Nación, Orlando Martínez, fue portador de los planteamientos más avanzados, llegando a publicar la relación de fincas inservibles adquiridas por el Estado, de grandes terratenientes y ricos del país. Publico sus nombres concretamente.

Las mejores tierras siguen al margen de la reforma agraria y subutilizadas por los terratenientes, aunque los procedimientos establecidos por las leyes son bastantes claros y concretos en relación con el tiempo.

Sin embargo, aún con esa superficie reducida que hoy tenemos en reforma agraria, el país avanzó en la justicia social rural, se logró un extraordinario aporte al suministro alimentario, jornaleros pasaron a ser productores de sus propios predios y con ganancias para agenciarse una vida digna con el sudor de su frente.