Pocas veces se discute en la opinión pública el origen de las normas, acuerdos nacionales e internacionales, políticas públicas o los programas de gobierno presentados por los partidos. Se presume, muchas veces, que todo lo anterior se cimienta en el “consenso”, el “diálogo” y los “acuerdos” entre clases o sectores sociales. Pero esta no es la realidad de gran parte de las políticas y legislaciones que afectan la vida real de la gente. Por ejemplo, el sistema de pensiones.

El modelo de seguridad social establecido en la República Dominicana –y más específicamente del sistema de pensiones–, empezó a diseñarse en la década de 1980. El gran empresariado, expertos en trabajo y seguridad social, la Iglesia y ciertos actores gremiales decidieron definir, entre otras cuestiones, el modelo de pensiones que debía ser instaurado en la República Dominicana.

Luego de numerosas reuniones entre los grupos antes mencionados, durante el gobierno 1996-2000 fue sometida al Congreso una iniciativa legislativa propuesta por el Ejecutivo, para reformar integralmente el Seguro Social. Esta iniciativa se convirtió en proyecto de ley, el cual contó con los auspicios de la OIT.

Sin embargo, el gran sector financiero nacional copó la ventana de oportunidad que era el proyecto de reforma e invitó a expertos chilenos y colombianos, quienes rebatían cualquier propuesta que oliera siquiera a sistemas de reparto o solidarios, ya esto no les garantizaba lo que el modelo de capitalización individual sí les ofrecía. Para algo habían visitado Chile e identificado las fuentes de un gran negocio seguro.

En el año 2000, antes de que se promulgara la Ley 87-01, el Poder Ejecutivo y el Legislativo (que habían cambiado de composición partidaria) se mostraron en plena sintonía con las directrices nacionales e internacionales respaldas por el sector financiero.

Aunque ha sido muy poco documentado, muchos expertos han hecho mención de las visitas y préstamos otorgados por el Banco Mundial y la presencia de representantes del BID y el Fondo Nórdico para el Desarrollo (FND) en nuestro país, previo a la instauración del modelo de seguridad social en 2001; de las presiones del gran sector financiero nacional en el Congreso para impulsar el sistema de capitalización individual; la cooptación de actores claves, tomadores de decisión y hacedores de opinión, a quienes se les presentaba un horizonte promisorio, en realidad radicalmente opuesto al modelo instaurado; y cómo la alta clase política fue funcional a este designio, bajo la dirección del sector financiero y las políticas neoliberales que recorrían Latinoamérica.

El sistema de pensiones vigente en República Dominicana tiene su historia. No es, en absoluto, una fórmula casual, fruto del azar o de la creatividad de individuos aislados, libremente elegido, y mucho menos es la única ni mejor alternativa posible. Sus resultados en números son coherentes con los objetivos de sus patrocinadores y mayores beneficiarios.

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