Por Mónica Villafaña

Socia Ulises Cabrera

Monica.villafana@ulisescabrera.com

La propuesta de reformas legislativas que actualmente discute el gobierno dominicano para 2024, abarcando aspectos constitucionales, tributarios y laborales, presenta un escenario crítico. Aunque la intención de reformar es, en teoría, positiva, el peligro radica en que estas modificaciones puedan ser meramente cosméticas y no aborden los problemas estructurales que enfrenta el país.

Históricamente, las reformas superficiales han sido una constante en la política dominicana. Un ejemplo emblemático es la reforma tributaria de 2012, que buscaba aumentar la recaudación fiscal. A pesar de las promesas de equidad, la carga fiscal se intensificó para las clases medias y bajas, mientras que las grandes empresas continuaron beneficiándose de exenciones fiscales. Según un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en 2020 el 62% de los ingresos fiscales provenían del ITBIS, que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Esta situación se agrava al considerar que la pobreza en la República Dominicana afecta aproximadamente al 25% de la población, y la desigualdad ha ido en aumento, con un coeficiente de Gini que supera el 0.45.

En el ámbito laboral, las escasas reformas desde la aprobación del Código Laboral en 1992 no han logrado mejorar las condiciones laborales. La elevada informalidad, que según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) alcanzaba el 57% en 2021, es un indicador alarmante. Esta precariedad laboral afecta a millones de dominicanos, quienes carecen de derechos laborales garantizados. Ignorar la necesidad de revisar el sistema de seguridad social, que actualmente no abarca adecuadamente a una gran parte de la población, es una oportunidad perdida para abordar estos problemas estructurales.

Las reformas constitucionales, como la de 2010, introdujeron cambios significativos, pero no han logrado combatir la corrupción endémica. Un informe de Transparencia Internacional de 2021 colocó a la República Dominicana en la posición 137 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, evidenciando que las reformas no han tenido un efecto tangible en la lucha contra este fenómeno. A esto se suma que la percepción de la corrupción ha ido en aumento; un estudio de la Universidad Iberoamericana indicó que el 70% de los dominicanos considera que la corrupción ha empeorado en los últimos años.

Un elemento crítico en este proceso es el tiempo. La velocidad con la que se están impulsando estas reformas no deja espacio para un análisis profundo y reflexivo. Todo apunta a que ya tenemos reforma constitucional. Y me pregunto, qué tanto fue analizada en profundidad…

Según un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, solo el 30% de la población siente que sus opiniones son consideradas en el proceso legislativo. Esto resalta la necesidad de involucrar a la sociedad en el debate sobre estas reformas para identificar verdaderas prioridades y evitar que se conviertan en un mero ejercicio de apariencia.

Además, el riesgo de que estas reformas sean impulsadas sin un análisis exhaustivo puede llevar a la polarización social y a un aumento de la desconfianza en las instituciones. La historia reciente de América Latina muestra cómo los cambios mal implementados pueden generar descontento y crisis políticas. La creciente inflación y el costo de la vida son factores que podrían provocar en la población un sentimiento de que sus necesidades no están siendo atendidas, llevando a consecuencias sociales devastadoras.

En conclusión, las recientes reformas propuestas por el gobierno dominicano son una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo y equitativo, pero solo si se abordan de manera profunda y responsable. No podemos permitir que la falta de análisis transforme este proceso en un ejercicio superficial. Es crucial que se dé tiempo y espacio para la discusión, la reflexión y la participación ciudadana efectiva. Solo así se lograrán reformas que impacten verdaderamente en la vida de los dominicanos y fortalezcan las bases del país. Es tiempo de entender que no toda opinión disidente es oposición.

Para asegurar que estas reformas no queden en meras formalidades, es imperante la creación de foros abiertos y oídos del gobierno realmente dispuestos a escuchar, donde ciudadanos, expertos y representantes de la sociedad civil puedan compartir sus perspectivas y construir propuestas concretas. Además, es vital establecer mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento para evaluar el impacto de las reformas a lo largo del tiempo. Las reformas no pueden continuar siendo un cheque en blanco. Fomentar un diálogo inclusivo y un compromiso genuino con las necesidades de la población es la clave para convertir esta coyuntura en una oportunidad real de cambio, sentando las bases de un futuro más próspero y equitativo para todos los dominicanos.