Hoy 
DONALD GUERRERO MARTÍNEZ
Es una trampa, peligroso, el despropósito de reformar, ahora, la Constitución de la Repúblicas, dizque para modernizarla, hacerla fiable y corregirle algunas contradicciones. Se alega que el presidente Leonel Fernández simpatiza con reformar la Ley de Leyes. Cierto, tanto como que el mandatario no ha dicho cuál reforma entiende razonable.
La ambición, y la proclividad de muchos legisladores a ser obedientes, genuflexos y sumisos, más no necesariamente leales, les impidió ver, y enmendar lo que ahora han descubierto, cuando votaron la reforma de julio 2002, sólo para reincorporar la nefasta reelección presidencial.
El sólo anuncio del despropósito reformador causó revuelo y rechazo. Se lo considera absurdo, inoportuno, perturbador. El diputado presidente Alfredo Pacheco, que luce no adocenado, ve difícil que el proyecto, presentándolo ahora, sea aprobado en la Cámara Baja.
El país ha tenido evidencia para saber que no es confiable la generalidad de senadores y diputados, aunque como en todo, existen las excepciones a la regla. A muchos no se les ve como legisladores de la República para servir al país, sino al servicio de facciones partidarias. Es una de las causas por las cuales el pueblo debe disponerse a bien utilizar la fuerza del voto en mayo 2006 para desalojarlos de sus curules.
Una nueva reforma constitucional será conveniente y útil sólo si la realiza una asamblea constituyente. Los legisladores de estos que incorpore a la constitución la figura de la constituyente, y nada más. Pero alguna forma democrática debe haber para reunirla, de ningún modo ahora.
El Poder Ejecutivo precedente no le hizo caso a un proyecto de reforma constitucional que le entregó una comisión designada oficialmente. Les interesaba solamente el pastel de la reelección, lo tragaron ávidamente, y se indigestaron.
Para una reforma constitucional, el país tiene que cuidarse de ponerla en manos del actual Congreso Nacional. Recuérdese que puede invocarse la investidura, no siempre honrada, de representantes del pueblo que los eligió, y la soberanía de la asamblea, para mal usarla.
De junio en adelante será el momento para la reforma constitucional necesaria. Una constituyente no tienen que componerla 200 personas o más, ni solamente los legisladores de hoy, porque no es asunto de volumen, sino de calificaciones acreditadas. Deben incluirse como constituyentes expertos en derecho constitucional, asuntos fronterizos, temas militares y seguridad, y banca entre otros. Hay que congelar por un tiempo la división territorial, y aumentar el porcentaje para elegir diputados. La palabra «jefe» debe ser erradicada del texto constitucional y leyes adjetivas.
Ni las elecciones han sido siempre el 16 de mayo, fecha vigente desde 1930, ni la toma de posesión el 16 de agosto. Debiera establecerse celebrarlas en día domingo. Si hay doble vuelta, dos domingos después, pues el escenario electoral queda instalado. Es la forma de reducir el largo, y a veces «laaargo» período de transición. La fecha de toma de posesión debe fijarse para el 27 de febrero, de manera que la rendición de cuentas o memorias que el Presidente debe entregar a la Asamblea Nacional en esa fecha, cubran un año completo de la administración.
