HÉCTOR MINAYA
En el mundo hay señales de que la demanda por petróleo se está reduciendo, en Japón las importaciones cayeron 4,8% en agosto y en Italia el consumo de gasolina bajó un 10%; en cambio en lo que va del año la demanda dominicana de hidrocarburos aumenta cada día más, pese a las constantes alzas de los precios. En el primer semestre de este año la factura petrolera del país se incrementó en un 35%, según estadísticas computadas, pero no reveladas todavía por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Esto representa, de continuar esta tendencia, que el país tendrá que pagar más de 2,500 millones de dólares, una suma exorbitante en comparación la cantidad de US$1,667.3 millones del año 2004.

Los dominicanos consumimos cada día 144 mil barriles de combustibles, de los cuales el 65 por ciento está procesado y proviene de Venezuela y Trinidad Tobago. El restante 35% es petróleo sin procesar refinado por la Refidomsa, operada por la multinacional Shell en copropiedad con el Estado dominicano. El sector privado suple una parte, igual que las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, que también importan parte de sus necesidades de combustibles.

A juzgar por las expresiones del presidente relativas a la “generosidad y solidaridad” de Venezuela con su programa de Petrocaribe y las limitadas medidas tendentes a reducir el consumo de carburantes, la tendencia es que estas no surtirán los efectos deseados.

Los precios del petróleo y sus derivados seguirán probablemente subiendo en los próximos meses, debidos sobre todo a la limitada capacidad de las refinerías para elaborar los productos derivados del crudo que requiere el planeta en cantidades crecientes y que sólo se verá ampliada hacia principios de 2007.

El panorama se complica por los efectos causados por el huracán Katrina a una porción substancial de la red de refinerías y gasoductos de la Costa del Golfo, que coloca a Estados Unidos al borde de una crisis energética similar a la de 1970, ejerciendo gran presión sobre la capacidad de la industria para entregar gasolina desde Florida hasta Colorado; empujando los precios hacia niveles desconocidos y sembrando el pánico entre los conductores.

Si Katrina genera una verdadera crisis energética o no, con escasez persistente de combustible, precios por las nubes y una economía deprimida, dependerá de cuán rápidamente las infraestructuras de tierra y altamar puedan ponerse nuevamente en funcionamiento; cuán hábilmente la industria y el gobierno estadounidense logren distribuir combustible. Pero hasta que esto suceda y lo más crítico es, si los consumidores entre o no en pánico.

Lo que estoy seguro es que, aún sin pasar a una fase de crisis profunda, esta problemática tendrá su impacto negativo en el país.

Un elemento que no hemos tomado en consideración es nuestra dependencia energética de Venezuela, una industria que de acuerdo a informes de expertos se encuentra sumergida en una crisis profunda y que se mantiene por los altos precios que registran los carburantes.

Algunos de los principales diarios venezolanos han publicado la información dando cuenta de que la producción ha bajado en alrededor de 400 mil barriles de crudo por día. El presidente Hugo Chávez ha desmentido estas versiones señalando que forman parte de una campaña de desestabilización.

No obstante, ha admitido que la producción en el Occidente de Venezuela estaba 100 mil barriles por día debajo de lo previsto, pero atribuyó la baja a un posible sabotaje y a errores gerenciales.

Las estadísticas oficiales reportan que la producción se mantiene en alrededor de 3,1 millones de barriles por día. Sin embargo, los datos de la OPEP indican que la producción venezolana está en 2,7 millones de barriles diarios.

Los especialistas en petróleo atribuyen la situación a la politización excesiva de PDVSA, que es la empresa estatal y al daño estructural que sufrieron los yacimientos viejos durante el paro petrolero de fines de 2002. Asimismo, al despido por parte del Gobierno chavista de más de 23 mil funcionarios y empleados de esa compañía.

La preocupación es que se produzca una agudización de esta crisis mundial y que esta desemboque en un desabastecimiento, que pueda afectar el suministro venezolano hacia el país.

La República Dominicana no está preparada para esta eventualidad, puesto que no cuenta con una reserva estratégica, con que hacer frente más allá de una a dos semanas.

Hay que considerar en serio este punto débil, por lo que se impone la necesidad de que se implemente un creativo plan de ahorro, no aplicado únicamente restricciones, sino creando conciencia en la ciudadanía para que colabore en forma espontánea.

Pero para esto las autoridades deben trabajar en los sectores de mayor consumo, comenzando con el transporte que representa el 44% de la factura petrolera y el energético que también succiona una parte considerable. En ambos casos el Gobierno no tiene planes específicos para bajar la demanda.

En cuanto al programa de Petrocaribe, que permitirá al país financiar su factura hasta un 40% a un interés de un 1% y a un limite de 25 años, el hecho real es que perjudica más que beneficia, pues su diseño está destinado exclusivamente a estimular las exportaciones venezolanas.

Hay que aclarar que la línea de suministro de Venezuela no será a precios preferenciales, sino que se regirá por las cotizaciones del mercado.

Esto significa que esta “ayuda” es un buen negocio para el gobierno chavista, dado que con este financiamiento atado se asegura que el mercado quede garantizado con antecedencia y que los riesgos comerciales automáticamente eliminados en virtud de la falta de competencia.

Como es previsible, la deuda crecerá por la acumulación de intereses y amortización, que deberán ser capitalizados, por lo que desde ahora nos imaginamos una penosa secuencia de renegociaciones.

Este crecimiento acumulativo que se producirá por el aumento del monto de la misma, justifica la designación del fenómeno Petrocaribe como la trampa usurera.