Según lo señalado en la primera parte expuesta, la importancia de la transparencia con probidad y su empoderamiento social resulta fundamental, pues solo la transparencia real y su empoderamiento por parte de una comunidad consciente de su rol y misión estratégica de exigencia y defensa colectiva puede exigir y promover el acceso a la información efectiva sin la cual no hay participación con criterios válidos, sobre base cierta para contribuir a corregir distorsiones, reducir privilegios y lograr eficiencia real en la gestión pública, lo que a su vez determina que solo la transparencia con probidad, asociada a una consecuente voluntad política-judicial, previamente planificada y establecida en base a un pacto-social, exigido por la colectividad, puede evitar o reducir significativamente las acciones y conductas tipificadas como actos de corrupción y sus secuelas.

Atributos y políticas estratégicas básicas:  En sentido general, la visión del  país más justo, de cara a las nuevas situaciones que existen actualmente, y tomando en cuenta los condicionantes que caracterizan las perspectivas del futuro en el corto y mediano  plazos, debemos colegir y visualizar, como perfil de comportamiento, que el país más justo en tales circunstancias es aquel donde la mayoría de sus habitantes tienen la garantía sobre base cierta, de hacer realidad sus sueños, alcanzar las realizaciones de sus aspiración y progresar de acuerdo a su esfuerzo, capacidades, sacrificios y voluntad de trabajo; en un entorno, donde impere la justicia y la no distorsión, la equidad integral y no la inequidad excluyente o regresividad contributiva con amplia cobertura reproductiva. la institucionalidad con transparencia, eficacia y probidad, y no la formalidad operacional con alta discrecionalidad de agravamiento en los derechos y condiciones de más vulnerables.

En esencia, el sentido del cambio en ese proceso debe ser en forma percibible y valorable en base a la aplicación y ejecución de acciones concretas, en el sentido más amplio de su expresión. Esto supone, la existencia de garantía creíble para el respeto y cumplimiento no solo de los derechos básicos y reales del ciudadano como son las condiciones de existencia  a nivel social operacional, económico, ambiental y sobre todo seguridad material de vida mediante la existencia, creación y promoción de infraestructuras y mecanismos eficaces, que faciliten el logro del progreso socioeconómico con elementos específicos que aseguren equidad social, relativa igualdad de oportunidades y seguridad ciudadana y social. Es decir, un funcionamiento de desempeño institucional responsable, participativo y acreditado, en forma operacional y sostenible, entre otros aspectos.

En síntesis, y de manera puntual, los atributos y/o lineamientos estratégicos que deben ser discutidos con objetividad y asumidos en alguna medida, a propósito de ser declarado por el Poder Ejecutivo el  2011  “Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. En tal sentido, como iniciativas pertinentes para la implementación de políticas públicas significativas y creíbles, podemos identificar y resumir como propuestas específicas los aspectos o lineamientos básicos que en el actual proceso económico dominicano podrían ser considerados y orientados desde la gestión del sector público, los cuales responden a los siguientes:

I-Diseño y adopción de un marco lógico de políticas macroeconómicas consistente y factible, con visión de corto y mediano plazo; en base a una metodología participativa: Dicho marco lógico debe estar orientado y dirigido al fomento de la competitividad nacional como país, tomando en cuenta cinco áreas o aspectos básicos: producción local, comportamiento fiscal, manejo  monetario-cambiario y el manejo eficaz y estratégico del comercio exterior, como política de impacto en el crecimiento y desarrollo sustentable (Un enfoque y manejo social inteligente de las finanzas funcionales).

II-Identificación de un Modelo Económico-productivo, viable y sustentable: Dicho modelo, no solo debe responder a criterios de competitividad nacional; sino que el mismo, debe estar sustentado en una estrategia que vincule las Políticas Macroeconómicas con las acciones y medidas que efectivamente impactarían, en el sentido esperado a nivel micro-estructural-productivo; tomando en cuenta aspectos básicos como son: a) La instalacion de una serie de infraestructuras económicas que contribuyan a general una alta competitividad local  y regional; b) La promoción consciente de diferentes formas de generar la acumulación del capital social a diferentes niveles, capaz de impactar a diferentes  estratos sociales, específicamente en los sectores más vulnerables; c) Diseñar y asumir un enfoque integral y específico para el manejo estratificado de los mercados básicos, en combinación con el sector privado, según la importancia y niveles de competitividad; entre otros aspectos. (Debe establecerse un adecuado enfoque de desarrollo estructural macro y micro, socioeconómicamente).

III-Diseñar y promover  un  modelo de  política económico-social que efectivamente impacte  en  el  logro  de un crecimiento  económico  con un mínimo de  equidad, incluyente y sustentable: Según los expertos en la materia, el progreso social potencia el progreso económico de toda sociedad. Uno de los componentes más efectivos o de impacto social más significativo, según los mismos expertos, consiste en la aplicación de una política salarial consistente y que promueva la equidad, la cual supone, permitir el impulso de la demanda interna, en base a promover la inclusión social y combatir las desigualdades de rentas en forma sustentable.

Esto evidencia que debe existir una estrategia de política pública salarial, no solo orientada a identificar cada vez más fuentes de trabajo, sino dirigida a mejorar la calidad de los salarios existentes de forma que vincule la productividad con los niveles de remuneración y utilidad real del resultado de los Valores Creados en cada proceso, como indicador objetivo, consistente y confiable de evaluación y seguimiento del logro de las metas estratégicas, a nivel del sector público y privado.

La indicada estrategia salarial; implica en consecuencia modificar o invertir la lógica del funcionamiento tradicional del mercado laboral, es decir, se trata de “atacar la concentración de la riqueza como forma efectiva de solucionar la pobreza”, pues la realidad es que existe un gran contraste, evidenciado en el hecho de la “enorme capacidad de generar riqueza existente”, y a la vez “la existencia de un reparto cada vez más desigual de dicha riqueza”, lo cual no hace más que perpetuar y agravar las manifestaciones de exclusión y de la injusticia social. Uno de los componentes más efectivos o de impacto social más significativo, según los  expertos, consiste en la aplicación de una política salarial progresiva consistente, la cual supone permitir el impulso de la demanda interna, promover la inclusión social y combatir las desigualdades de rentas en forma sustentable.

En consecuencia, la aplicación de la estrategia indicada no solo frenaría el desgarramiento de las familias como principal núcleo social, sino que evitaría o reduciría significativamente la exclusión social y las migraciones ilegales con todo lo que ello implica. Según el resultado de las políticas salariales que han sido aplicadas en RD en los últimos veinte años, el resultado ha sido una “pauperización progresiva” de los salarios no ejecutivos, tanto a nivel público como privado. Esto evidencia claramente la necesidad y urgencia de aplicar otros tipos de criterios y medidas específicas de política salarial en RD.

 IV-Lograr  la  aprobación de un pacto-social en el que se establezcan como principios básicos en la gestión pública dominicana: la participación, la transparencia con probidad, la eficiencia y la rendición de cuentas.

La promoción y cumplimiento de principios o criterios de gestión relativos a: participación consciente y real, transparencia con probidad, eficiencia y eficacia gerencial y rendición de cuentas institucional en forma periódica. En tal sentido, estos elementos deben ser objeto de evaluación institucional de manera habitual, mediante un organismo de alto nivel especializado, acreditado socialmente, con la misión expresa de valorar o acreditar en forma objetiva los diferentes tipos y niveles de desempeños en las instituciones del sector público, en base a indicadores estandarizados de manera objetiva, consistente, clara y oportuna, precisamente en base a la aprobación, implementación y seguimiento  de un pacto-social.

Zoom

Empoderarse

Según los principales aspectos analizados en el presente trabajo, se puede concluir que en esencia, la participación ciudadana con empoderamiento social constituye la base de una sociedad democrática que conscientemente orientada de su rol y misión estratégica, podría ser capaz de promover una participación progresiva, creativa y exigente,  requiriendo a su vez, una real transparencia con probidad, que podría garantizar el desarrollo de un proceso efectivo y sostenible de gestión pública progresista.

Pues solo hay participación inteligente, garante de equidad social sobre base cierta y creíble, cuando se puede procesar y manejar oportunamente informaciones válidas. Es decir, la transparencia con probidad implica y determina que solo una sociedad informada del nivel de recursos disponibles y tipos de gastos públicos, debidamente apropiado y planificado en términos presupuestarios, considerando criterios de prioridad razonable, así como de los ingresos financieros asequibles y/o disponibles no agravantes del patrimonio público nacional,  que puedan ser utilizados en forma optimizada a través de un presupuesto público creíble, que responda en esencia  a un verdadero instrumento de desarrollo económico de la RD.

(*) El Autor es economista, Máster Gestión Pública UNED, España, y Prof. titular Finanzas Públicas y Política Fiscal UASD.