El “trilema” o “trinidad imposible”, hipótesis derivada del modelo Mundell-Fleming, indica la imposibilidad de un país lograr simultáneamente tres objetivos de política económica: una política monetaria autónoma, un tipo de cambio fijo y libre movilidad del capital. De igual forma en materia de política fiscal hay también una “trinidad imposible” que es pretender baja presión tributaria, déficit fiscal controlado y aumento del gasto.

En materia de política económica la autonomía de la política monetaria es la posibilidad de aumentar o reducir las tasas de interés como reacción a la inflación o a las recesiones; el segundo objetivo, tipo de cambio estable, es que se eviten fuertes fluctuaciones para no afectar negativamente las decisiones de gasto o inversión de los agentes económicos, y la tercera, que no requiere explicación en este mundo globalizado, es la plena movilidad de los capitales. Los países a lo sumo pueden alcanzar dos de esos tres objetivos.

En el caso de la política fiscal en nuestro país diferentes sectores claman por un déficit fiscal bajo para que no aumente el endeudamiento, lo cual es un objetivo saludable, especialmente si el país presenta una elevada relación deuda/PIB. Ningún sector quiere más impuestos, mientras el país exhibe una relación muy baja recaudaciones/PIB. El tercer objetivo fiscal es, como aspiramos a un buen sistema educativo, sistema de salud universal y gratuito, seguridad ciudadana, política social para reducir la pobreza y además inversión en infraestructura; entonces es necesario aumentar el gasto. Como en la “trinidad imposible”, solo se pueden alcanzar dos objetivos.

De partida queda descartado aumentar el gasto con mayor déficit pues éste se financia con endeudamiento externo e interno y el país debe mantenerse en la senda de la consolidación fiscal. Entonces, si es necesario aumentar el gasto para mejorar una serie de sectores, no hay otra alternativa que incrementar la presión tributaria por lo menos a niveles del promedio regional y, por supuesto, seguir mejorando la calidad del gasto.

En 2012 la presión tributaria promedio en AL y el Caribe ascendió a 19.7% del PIB, mientras en RD fue de 13.4% del PIB. El gasto total promedio en AL y el Caribe fue de 25.1% del PIB y en RD de 19.4%. Para este 2013 los estimados presupuestarios apuntan a una presión tributaria de 14.6%, pero si se analiza el comportamiento de las recaudaciones en el primer semestre (estuvieron casi parejas con el estimado gracias a los ingresos de la amnistía fiscal, el adelanto del sector financiero, etc.) tenemos que concluir que en el mejor de los escenarios la presión tributaria apenas llegará al 14% del PIB.

¿Y qué nos dice la aritmética presupuestaria? Si sumamos para 2014 el 4.4% para la educación, 2.9% intereses de la deuda pública, y dejando los mismos porcentajes de este año, por lo demás insuficientes, para salud, asistencia social y seguridad social totalizan 3.8% del PIB, y para subsidio de energía el 1.8% del PIB, tenemos que solo esas partidas consumen el 12.9% del PIB.

De haberse implementado la última reforma tributaria, como fue concebida inicialmente, la presión tributaria para 2014 debió rondar el 16% del PIB y aun así cuando se restan las partidas anteriores, resulta que el Gobierno solo contaría con 3.1% del PIB para justicia, Ministerio Público, policía, militares, agricultura, turismo,  gastos de capital y otros más.

¿Cómo pagar mejores salarios a los jueces, fiscales, policías, militares, médicos? ¿Cómo enrolar más personas en la seguridad social y los planes sociales del gobierno? ¿Cómo seguir construyendo hospitales, viviendas, carreteras, acueductos?

Definitivamente todas esas aspiraciones, genuinas, no se podrán satisfacer sin un incremento sostenido de la presión tributaria y los sectores representados en el Consejo Económico y Social deben hacer conciencia de la necesidad de un pacto fiscal que efectivamente diseñe un sistema tributario menos regresivo, con mayor base y con la posibilidad de incrementar la presión tributaria a  los niveles que permita cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Si no se logra ese pacto, o los gobiernos seguirán haciendo parches fiscales o las administraciones solo contarán con recursos para el gasto corriente, cero inversiones públicas, y olvidemos las metas de la END.