JESÚS DE LA ROSA
La misión que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene hoy es mucho más compleja y variada que la que la sociedad le encomendaba en los tiempos de la dictadura trujillista y en los pasados más recientes. La UASD, además de formar profesionales, debe desarrollar proyectos de investigación tanto de aplicación no inmediata como de aplicación próxima.

Ha de difundir los resultados de sus pesquisas como respuestas a problemas concretos que tengan las comunidades. Y ha de satisfacer la demanda creciente de actualización de los que ya dejaron las aulas universitarias. Se trata de una misión compleja y contradictoria que involucra a toda la universidad, sin afectar a cada uno de sus miembros, quienes desempeñan sus labores académicas de manera diversa, según su mayor capacidad para una u otra actividad.

El país exige que la UASD le genere los recursos humanos calificados que requiere el mercado de trabajo local y que demanda la competencia internacional; que le provea de los estudiosos y practicantes de las letras y las artes; que le forme los políticos innovadores que estimulen las transformaciones sociales; que le prepare y dote de los científicos y tecnólogos con que hacer de la economía dominicana una economía competitiva; que le proporcione dirigentes con capacidad de dar respuestas a los múltiples y sofisticados problemas que le aquejan; y que le forme a los académicos y maestros que laboran en sus diversas instituciones educativas.

Los más de 3 mil millones de pesos que el gobierno de Leonel Fernández está invirtiendo en la Universidad estatal servirían para dotar a esa Alta Casa de Estudios de una sólida infraestructura en la que se sustentaría el proceso de reformas que sus autoridades pretenden llevar a cabo tomando en cuenta la problemática del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, los cambios en los procesos de trabajo y en la naturaleza de las actividades económicas y el extraordinario impulso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Esa inversión elevará los costos de funcionamiento de la Universidad estatal a niveles tales que deberán ser cada vez más legitimados por beneficios sociales claramente identificados.

La UASD deberá encarar el desafío de mostrarle a la sociedad dominicana que puede cumplir con sus exigencias.

En la Universidad estatal estudian centenares de jóvenes procedentes de los países del área; y son miles los estudiantes egresados de esa Alta Casa de estudios que optan por cursar estudios de post grado o de ejercer en el exterior. Sin más: la enseñanza que se ofrece en la UASD se internacionaliza cada vez más por lo que se impone la creación de un sistema de evaluación de la calidad que pueda certificar la bondad de los estudios de las carreras que la Universidad estatal oferta en un contexto comparativo internacional.

Los desafíos provenientes de la economía internacional y del acelerado crecimiento y cambio en los ámbitos de la ciencia y la tecnología el pueblo dominicano podría encararlos a través de los aportes de la universidad estatal.

Dice la UNESCO que «el impacto del desarrollo tecnológico especialmente en la información y las comunicaciones es tal que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo industrial, tienen que utilizar normas y equipos mundialmente aceptados»

Esto no sólo es aplicable a las máquinas y a las estructuras organizativas sino también al factor humano.

La necesidad que tenemos de trabajar por y para la calidad institucional ha conllevado que en innumere seminarios y talleres de significación y el alcance del concepto «calidad de la educación» haya sido objeto de acalorados debates. No vamos a abrumar al lector con las distintas visiones definitorias de la calidad; simplemente, vamos a plantear que la enseñanza que ofrece una universidad es de calidad cuando los egresados de la misma pueden insertarse en los mercados de trabajo, contribuir al progreso su nación, y satisfacer, a través de sus ejercicios profesionales, sus ansias de bienestar.

Claro está que, para que la UASD pueda cumplir con esos roles, el gobierno tendrá que proporcionarle un financiamiento adecuado; financiamiento éste que aunque está contemplado en la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hoy no se cumple, ni se ha cumplido jamás.

Después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y los países de Centro América incluida la República Dominicana (RD-CAFTA) nuestros empresarios exigieron, con sobradas razones, la puesta en vigencia de una reforma fiscal que, entre otras cuestiones, eliminara ciertos impuestos a fin de poner a los productos dominicanos en condiciones de competir con los fabricados en el extranjero.

Uno de los elementos claves para reinsertarnos favorablemente en una economía abierta a la competencia internacional radica en el mejoramiento substancial de nuestra competitividad. Competitividad implica conocimiento, tecnología, manejo de información, destrezas; significa elevar la calidad de nuestro subsistema de educación superior y la preparación de nuestros recursos humanos. Por ello, las autoridades de la UASD deben, al igual que los empresarios, exigirles a los gobiernos un presupuesto adecuado para la institución con el fin de que sus productos (léase sus egresados) puedan competir tanto en el mercado local como en los mercados extranjeros.

Debemos de disponer de escuelas, politécnicos, colegios comunitarios públicos y universidades estatales bien equipadas y bien servidas para incorporar el progreso técnico a la actividad productiva, a fin de pasar de la renta «perecible» la basada en la venta de cubos, arena, sol y mano de obra barata a la renta «dinámica» la que incorpora valor agregado gracias al avance tecnológico.