FEDERICO HENRÍQUEZ GRATEREAUX
En los regímenes democráticos todas las personas que trabajan y tienen ingresos pagan impuestos; del mismo modo, todas las empresas de negocios que producen beneficios están obligadas a pagar tributos al Estado. Empiezo por subrayar este hecho consabido para recordar que en un régimen socialista -de propiedad colectiva- nadie paga impuestos. Existe, en este caso, un solo patrono: el Estado. La diferencia mayor entre el capitalismo de Estado y el capitalismo privado es que en el primero hay un solo patrono -propietario de los medios de producción- y en el segundo, muchos patronos en competencia; algunas veces en feroz competencia, otras en subrepticios arreglos.

Si deseamos vivir bajo un sistema político donde haya libertades publicas, propiedad privada, mercado abierto a la competencia, debemos pagar impuestos para contribuir al sostenimiento de un poder estatal que garantice y defienda ese orden constitucional.

Lo que antecede es una verdad aceptada que ofrece pocos flancos a la discusión. El problema surge cuando nos preguntamos: ¿Adónde van a parar los impuestos que pagamos? No entraré en el examen de la injusticia tributaria resultante de que a la clase media se le cobre mas que a los ricos. Es ese un problema importantísimo que por el momento dejaré a un lado. Solo diré que a la clase media es mucho más fácil cobrarle los impuestos porque un buen numero de sus componentes son asalariados: se les descuenta “automáticamente” el monto de los impuestos del salario que ganan. Reciben siempre un cheque “podado” o recortado, un muñón de sus ingresos nominales. La clase media es numerosa y, al tener ingresos regulares, consumen regularmente. Sus contribuciones, por tanto, son “numerosas” y “regulares”. Los miembros de la clase media pagan cada día mas dinero por la energía eléctrica que no reciben, por el agua que en ocasiones desperdician, por la basura que suele acumularse, por los impuestos al consumo que no siempre llegan a las arcas del recaudador oficial.

Pero lo peor es que entre los impuestos pagados y los servicios que el Estado podría sufragar con ellos se interponen algunos obstáculos. En primer lugar, los partidos políticos. Las organizaciones políticas dominicanas, que deberían funcionar como fundamento y sostén del sistema democrático, actúan como mazas demoledoras de la economía y del orden jurídico. Los partidos, en efecto, son “poderes desordenadores”, precisamente, del orden constitucional, de la legalidad, del régimen político establecido. En esta tarea trabajan juntos unos y otros para preservar “ventajas” económicas, impunidades en los tribunales, “controles” institucionales o hegemonías políticas en este o aquel municipio. En las ONGs de los legisladores se “insumen” millones y millones de pesos de los impuestos que paga la clase media; además, los partidos reclaman “partidas” -en este caso debe usarse el género femenino- para financiar sus campañas electorales. Estas “partidas”, consignadas en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, luego se “parten y reparten” entre dirigentes de los partidos. La Junta Central Electoral, como es “casi natural”, necesita mas dinero para organizar los torneos electorales. Dichos torneos obligan a “tornear” piezas impositivas nuevas y también a aplicar “el torniquete” al cuello de la clase media.

Por todo ello, en la República Dominicana, la gente esta sumida en una penosa situación emocional compuesta por varios factores: cansancio, desaliento, frustración, impotencia. El descrédito de muchos funcionarios públicos y de algunos políticos alimenta la desmoralización de los grupos sociales más pobres y menos educados; y alienta la rebelión o la desobediencia civil. La delincuencia es una “atmósfera” que nos circunda; los delincuentes menores se han “desbocado” por el ejemplo que dan los delincuentes mayores. Para defenderse mejor, los mayores delincuentes se auxilian de los pequeños delincuentes. Se forma entonces una tropa de malandrines que establece una suerte de Línea Maginot contra la justicia, sea la propia o la extranjera. Los diablones y diablillos, amparados por los partidos, se dedican a clavar sus tridentes en el lomo adolorido de esa parte de la población que prefiere trabajar todos los días y no tener problemas con la Policía Nacional ni con la DNCD.

   La desmoralización generalizada podría convertirse más adelante en indignación generalizada y luego en “acción común”, como ha ocurrido ya con las juntas de vecinos para protegerse de los ladrones y limpiar las cunetas de las calles. Una porción enorme de la población no confía en los agentes policiales, pues se ha comprobado muchas veces que son cómplices de los delincuentes o delincuentes ellos mismos. Es, pues, una situación colectiva muy peligrosa. Sobre todo porque los lideres tradicionales, que nos habían gobernado durante décadas, han fallecido, y las palabras previsoras de estos hombres de Estado ya no pueden escucharse. Los partidos atraviesan hoy por un erial, huérfanos de orientación constructiva para sus organismos internos y para el pueblo dominicano en conjunto. La irracionalidad en la administración de la energía eléctrica, y su elevado costo, coloca contra la pared la producción industrial de la RD. El uso perverso de los impuestos crea cada vez más irritación y descontento. Los políticos están acostumbrados a que nunca ocurra nada que ellos no esperen. La “vaca nacional” ha sido ordeñada siempre; y esa costumbre no ha producido mas que músicas bailables con letras sarcásticas. Sin embargo, los campesinos con experiencia en el trato del ganado afirman sentenciosamente: una ubre muy lastimada puede acarrear severas lesiones al ordeñador… si la vaca patea.