Hoy 
La solución manu militari al hundimiento de Haití en la barbarie que está dictada por la lógica y el sentido común debe ser emprendida por la comunidad de estados democráticos de este entorno y de socios similares de otras partes del mundo, como Francia, una «madre patria» que ya no se desentiende tanto de su vínculo originario y sangriento con la parte oeste de la Hispaniola y estudia con piedad desagraviarla monetariamente en alguna medida. ¿El bandolerismo de extrema crueldad fiel a los demonios conocidos como «lwa» o «loa» tendría otro freno a los odios ancestrales que no sea a tiros limpios? A la Organización de Estados Americanos (OEA) pertenecen como socios observadores países ricos con fuertes e históricos lazos con la región y situados al margen de agendas hegemónicas.
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De esas aplicadas con tosudez y pruritos de rivalidad contra Occidente (como Rusia y China) que inhiben a la ONU de activar su fuerza de paz en esta cuenca antillana. Innecesario mirar con maniqueísmos hacia antecedentes del ente multilateral regional que Radio Habana describía, en el apogeo de la utopía que ahora ni electricidad tiene, como Ministerio de Colonias de EUA. Ahora Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay, Honduras, Jamaica, Guyana y quizás alguna otra pequeña república caribeño de nuevo ingreso, escapan con actos y palabras a lineamientos de los supra poderes internacionales y sus prácticas democráticas y preocupaciones sociales están fuera de toda duda. Países todos en capacidad de aliarse en el marco de las pluralidades nacionales de la OEA para operaciones armadas y humanitarias que extraigan a la sufrida comunidad haitiana de las zarpas de una asociación de Malhechores. La civilización con respeto a la vida humana ocupa pocos espacios para sobrevivir en Haití. Es el lugar del mundo con mas kilómetros cuadrados fuera de la ley y con la daga al cuello de una nación. El concierto de países con estatus de paz, orden y respeto a la voluntad popular tiene que avergonzarse de mirar desde fuera y sin acciones solidarias esa pérdida total de garantías ciudadanas.
