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Fue a finales de los años ochenta del pasado siglo 20 cuando un grupo de educadores, empresarios, líderes sindicales y comunitarios decidió unir sus esfuerzos para enfrentar la crisis que en ese entonces afectaba a la educación dominicana.

Después de meses de investigaciones y de intercambios de ideas, acordamos adoptar un decálogo, una especie de consenso, en torno a lo que debíamos hacer.

Decidimos que era impostergable eliminar el analfabetismo entre las dominicanas y dominicanos adultos de edades comprendidas entre los 15 y 30 años; establecer el carácter de obligatoriedad para los niveles de inicial y básica; ampliar y mejorar la calidad de la educación media; reorganizar y elevar la calidad de la educación superior; elevar la formación profesional de los docentes que laboran tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados; elevar el gasto público en educación; y poner en vigencia una nueva Ley de Educación en sustitución de la entonces vigente.

Cónsona con el desarrollo de esas y otras actividades la agrupación Acción Para la Educación Básica, mejor conocida por sus siglas EDUCA, desencadenó una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer el perfil que todos deseamos. Las autoridades y los técnicos de la Secretaría de Educación (hoy Ministerio de Educación) y los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no tardaron en sumarse a las mismas.

También lo hicieron las universidades públicas y las privadas. Ese gran movimiento cívico titulado Plan Decenal de Educación 1993-2003 se constituyó en el esfuerzo más serio por elevar la calidad de los servicios de educación y del mismo se contabilizaron los mejores resultados.

Por efectos del Plan Decenal, los organismos de financiamiento y ayuda internacional retomaron los proyectos de mejoramiento de los liceos y de los institutos politécnicos; aumentó el gasto público en educación; se promulgó una nueva Ley de Educación y se crearon nuevos organismos de Estado propiciadores de la educación, el arte y la cultura.

La Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo con más de 200 mil estudiantes es hoy una de las más pobladas de la América Española y la Región del Caribe.

Pero, la proporción de los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 18 y 30 años matriculados en ella es de alrededor de un 10%, muy inferior a la media de toda Latinoamérica.

Es mucho lo que el empresariado dominicano exige; les pide a sus empleados competencias y actitudes que en ocasiones, debemos de admitirlo, no coinciden con las que debía desprenderse de un título universitario.

En estos tiempos la posesión de un título universitario ya no es un pasaporte seguro al mundo del trabajo. Y muchos de los titulados que han conseguido empleos en sectores de servicios tales como el turismo y las comunicaciones manifiestan que para progresar en su ejercicio profesional no precisan de los cocimientos correspondientes a sus estudios universitarios.

No es que estemos en pañales en materia de educación superior; es que todavía nos faltan muchos caminos que recorrer.

No disponemos de estadísticas confiables acerca de los indicadores de la economía y la educación superior, de gastos en educación por habitantes, de eficiencia de la mano de obra calificada y del grado de saturación de la misma, y lo que es peor: pocos sabemos de optimación de las proporciones internas entre la preparación de la mano de obra calificada y los indicadores del desarrollo.

Precisamos hoy, mucho más que ayer, de un conocimiento acabado de nuestra realidad social y económica. Cuanto antes, debemos disponer de un levantamiento exacto de nuestros recursos naturales a modo de explotarlos y conservarlos mejor.