La urgente y necesaria nueva ley Aduanas

La urgente y necesaria nueva ley  Aduanas

Desde el año 2008 se inició la discusión del anteproyecto de Ley de Aduanas, tomando como base un proyecto elaborado por el consultor del Banco Interamericano para el Desarrollo, Bernardo Ovares.

Luego, en el marco del “Comité Normativo”, instancia compuesta por técnicos de la Dirección General de Aduanas (DGA), profesionales y técnicos del sector privado, en la que se discutían y analizaban todas las propuestas de normas y procedimientos a implementar dentro del proceso de reforma y modernización aduanera, un ejercicio sin precedentes en la relación Aduanas sector privado, producto de una iniciativa del entonces director general de Aduanas, Miguel Cocco, quien revolucionó la aduana dominicana.

Este proceso se vio interrumpido por la reforma constitucional que evidentemente incidiría en la Ley de Aduanas, como en efecto sucedió.

Luego de promulgada la Constitución vigente, Rafael Camilo ordenó la continuación de dichos trabajos y lo incluyó en su plan estratégico de gestión.

Antes de terminar su gestión como director de Aduanas, Camilo logró que el Poder Ejecutivo remitiera el anteproyecto de Ley de Aduanas a las cámaras legislativas, de ahí en adelante comenzó otro nuevo proceso de revisión en la Comisión de Industria y Comercio del Senado, en el que salieron a relucir nuevamente las diferencias de enfoque entre el sector público y sector privado, cuestiones que desde la lógica empresarial tienen mucho sentido y que desde el punto de vista de órgano de la administración tributaria como lo es la DGA puede afectar el cumplimiento de su rol, las razones son entendibles, pues es imposible lograr un consenso total, por lo que ninguna ley de aduanas es una panacea que complazca a todo el mundo.

A pesar de esas diferencias se logró avanzar y corregir algunos aspectos inconstitucionales del anteproyecto, y llegar a consenso en la totalidad de los asuntos técnicos aduaneros.

Resulta saludable y plausible el interés mostrado por el presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, senador Charlie Mariotti, de reintroducir en esta legislatura este importante proyecto de ley, pues con esto se valora el tiempo y los recursos invertidos durante más de tres años de trabajo entre los sectores público y privado.

La Ley para el Régimen de las Aduanas vigente (Ley No. 3489, del 14 de febrero de 1953) ya tiene más de sesenta y un años de antigüedad.

Esta anacrónica ley adolece de grandes fallas e inobservancias, carece de un orden lógico producto de las inserciones o modificaciones que ha sufrido, no establecer los elementos cualitativos de los impuestos aduaneros: materia imponible, hecho generador y sujeto pasivo. Manteniendo en su contenido aspectos que no le son propios a una legislación de este tipo.

Todo esto evidencia que el sistema tributario aduanero vigente es anticuado e inadecuado al nuevo sistema jurídico nacional, contemplado en la nueva Constitución de la República y el nuevo Código Procesal Penal, en relación con las nuevas ideas y políticas sobre el comercio internacional, e inconsistente con otras normas que regulan el comercio exterior tanto en el marco de los acuerdos internacionales como con el resto de la legislación interna.

Este proyecto de Ley de Aduanas ha sido uno de los más estudiados y revisados, luego de elaborado por consultores del BID y técnicos de la aduana dominicana fue revisado por consultores del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Unión Europea, los que examinaron su compatibilidad con los acuerdos del DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea (EPA), fue revisado por la comisión de juristas del Poder Ejecutivo.

Durante más de tres años el proyecto de reforma a la Ley de Aduanas se ha discutido con técnicos del sector privado, lo que ha nutrido el proceso llegando a consenso en la mayor parte del contenido del mismo, si bien toda creación humana una vez hecha es mejorable, consideramos que su aprobación constituiría un avance trascendente en las normas que regulan nuestro comercio internacional.

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