Es improbable que el Senado ratifique en la presidencia de la JCE a Roberto Rosario, después que el Departamento de Estado de Estados Unidos, actuando a través de su embajada en Santo Domingo, ha revocado las visas al juez electoral, en una acción legal, pero de corte político y de arbitraria retaliación por posiciones conflictivas asumidas durante el pasado proceso electoral.
Las razones esgrimidas son un tanto borrosas: “que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad y se reserva el derecho, bajo la Sección 221 (i), de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de revocar visas estadounidenses sobre la base de información que salga a la luz, en cualquier momento, que influya en que una persona se considere elegible para una visa y viaje a los Estados Unidos”, dice la legación. Y se apresura a añadir que esas decisiones no afectan la fuerte relación bilateral entre los gobiernos de ambos países, “ni los excelentes vínculos entre sus pueblos”.
Creo que la decisión impulsada por el Embajador James Brewster tiende deliberadamente a fortalecer las reclamaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición al gobierno del presidente Danilo Medina, para que Rosario Márquez sea sacado del tribunal electoral mientras el Senado se apresta a designar una nueva JCE.
Al parecer, detrás de las presiones para que denominadas “personalidades independientes” integren el organismo, subyace la intención de que la JCE pase al control de la sociedad civil, del gran empresariado y de la oposición, protegidos bajo el paraguas poderoso de la hiperactiva embajada estadounidense.
¿Qué hizo Rosario? Rechazar, junto al pleno, la acreditación de 26 observadores del gobierno estadounidense, cuya delegación redujo a la categoría de “invitada” electoral, un tratamiento reservado para los demás países que Washington rechaza.
Pero su reputación ha sido afectada por la venganza de Brewster.