POR ANTONIO ALMONTE
Ningún otro sector de la realidad dominicana ha consumido tantos recursos financieros públicos, ha provocado tantas quiebras de empresas, desempleo, inseguridad y pérdidas directas e indirectas de vidas como la crisis del sector eléctrico dominicano. Crisis que, de tan vieja parece eterna.

Ahora tenemos, desde el año 2000, que al problema eléctrico se le ha agregado el ascenso sin parar de los precios del petróleo, llevando a los energéticos –combustibles y electricidad– a la condición de  factores principales  de inestabilidad  e incertidumbre en la economía y en la sociedad en general.

 Pero, no obstante la edad y envergadura de nuestra crisis de energía, es curioso ver que de tiempo en tiempo las autoridades de gobierno parecen “descubrir” que los energéticos son un recurso escaso, costoso y finito, razones por las cuales en casi todo mundo su producción, comercialización y consumo se planifica, regula y raciona (o “ahorra”).

Y es que, tradicionalmente, hemos tratado como un asunto coyuntural un problema que es estructural y con vocación de permanencia y agravamiento.

Por ejemplo, para fines de este año el subsidio eléctrico en el país podría acercarse a los 600 millones de dólares  o 18 mil millones de pesos y el de los combustibles a cerca de 6 mil millones de pesos. Sólo esos dos renglones representan cerca del 12% de los ingresos corrientes. En los Estados Unidos, el consumo de energéticos para cualquier familia de clase media le representa poco más del 3% de sus ingresos mensuales, mientras que en Dominicana, la suma de gastos en electricidad, gas y gasolina para una familia equivalente oscila entre el 25 y 30% de sus ingresos mensuales. Pero, quizá lo más preocupante desde el punto de vista social y de cara al futuro es que en pleno siglo 21 cerca del 30% de los dominicanos no están conectados legalmente a la red eléctrica, es decir, viven fuera del mundo actual, aunque en la misma isla.

Vale destacar también que del total del volumen de combustibles que importamos la gasolina da cuenta de la mayor parte y que el 64% lo consume la flotilla de autos y jeepetas de transporte privado. En ese renglón los dominicanos somos líderes en toda Centroamérica. Comparado con países vecinos, nuestro país es el que gasta más combustible por cada pasajero que transporta.

Ahora bien, la respuesta a esa preocupante realidad no puede ser ni la improvisación ni las acciones de coyuntura  superficiales.

Desde su instalación en el Palacio Nacional, las autoridades de gobierno han realizado una cantidad impresionante de seminarios, talleres y discursos sobre energía, tanto en materia eléctrica como de combustibles. Cada vez que los precios del petróleo se elevan, los apagones se prolongan o el FMI se queja, tenemos un corre-corre de funcionarios hacia Casa de Campo, en Romana, para teorizar sobre energía. En los hechos todo ha resultado una especie de vuelta a la Noria o un no saber qué hacer si juzgamos por lo poquísimo que se ha avanzado.

Sin embargo, en el año 2003, durante la Presidencia de Hipólito Mejia, la Comisión Nacional de Energía (CNE) elaboró una amplia y detallada Estrategia Nacional de Eficiencia Energética, preparada por técnicos locales y expertos internacionales y que contó con la ayuda de la USAID. La estrategia se concentraba en cuatro pilares: la creación de una institucionalidad y especialización dentro del sector público para garantizar la continuidad y  base jurídica de las iniciativas y proyectos de ahorro y conservación de energía; segundo, el desarrollo de un programa nacional de formación de especialistas locales en eficiencia energética, tanto para electricidad como para combustibles, tercero, la creación de mecanismos de financiamiento de proyectos de reconversión energética  en industria, comercio y servicios    y, cuarto, poner en marcha una amplia campaña nacional de educación sobre uso de energéticos, incluyendo la incorporación del tema en el currículo de educación básica.

El documento básico de esta propuesta puede ser consultado en la página WEB de la CNE y por su contenido, calidad técnica y alcance sigue siendo la más adecuada estrategia para eficiencia energética que se ha elaborado en el país. No se entiende pues, porqué en este gobierno no se le dio desde el principio continuidad y aplicación práctica y en cambio aparece hoy pretendiendo improvisar “nuevos” planes.

En materia de energía, la República Dominicana nunca ha tenido de verdad políticas ni planes integrales. Hemos sido improvisadores radicales, dispersos y ligeros; las consecuencias financieras, sociales y hasta políticas de esa conducta han sido terribles, principalmente para la población pobre y los pequeños empresarios. Algunos dicen que esa ha sido la venganza de la energía porque a pesar de su extraordinaria importancia e influencia aquí ha sido tratada de forma chapucera por políticos y planificadores  de los asuntos de Estado.