Discutir qué es ser de derecha o de izquierda quizás no tiene mucho sentido hoy en día. Y es que la nueva izquierda hoy acepta el mercado y la derecha moderada asume una determinada misión social del Estado. Si se quiere, el espectro político se ha movido al centro y es lo que explica, en gran medida, el giro hacia el bipartidismo en la República Dominicana.

La desaparición de la Unión Soviética y los socialismos realmente existentes a finales de los 80, así como el fracaso del capitalismo de Estado en los 70, ha llevado a la izquierda a reconciliarse con el mercado, sin abandonar las reivindicaciones sociales propias de la izquierda. Por su parte, la derecha neoliberal ha sufrido en carne propia en los 2000 los estragos de la falta de regulación de los mercados financieros y, curiosamente, ha reclamado la intervención de ese Estado cuya desaparición exigió para que reinase la mano invisible del mercado.

Por eso, la pregunta ahora es no si el Estado debe intervenir en la economía, sino más bien ¿por qué si interviene para socorrer las corporaciones privadas no puede también intervenir para salvar el sistema de seguridad social o para financiar un plan como el “Hambre Cero” de Lula en Brasil? Es obvio que tiene que haber intervención estatal, aunque la misma no tenga que darse siempre bajo el esquema de la ineficiente empresa estatal. Y es que “no existe algo así como un mercado neutro; en cada situación particular, las coordenadas de la interacción mercantil están siempre reguladas por decisiones políticas. El verdadero dilema no es aquel de saber si el Estado debe o no intervenir, sino bajo qué forma debe de hacerlo” (Zizek). El mercado es una institución que no surge espontáneamente como pensaba Hayek, sino que requiere un Estado dispuesto a corregir las fallas del mercado, asegurar la transparencia y combatir la competencia desleal y la publicidad engañosa.

La izquierda no se la juega entonces en la determinación de si debe haber o no estabilidad macro-económica, si el Banco Central debe ser o no autónomo y de si su único objetivo debe ser perseguir la estabilidad de precios. Tanto la izquierda como la derecha saben que no puede haber justicia social sin crecimiento económico y que no hay crecimiento sostenible allí donde se carece de autoridades monetarias independientes que mantengan a raya la inflación. Más aún, hoy solo una derecha paleolítica se atrevería a exigir la desregulación total porque todo el espectro político coincide en que debe existir, aunque en diverso grado, regulación económica estatal. 

Los asuntos de la izquierda son otros a los cuales no hace caso. ¿Por qué la izquierda no exige que se sustituya la ineficiencia de un Estado social clientelar por una política que asigne una renta básica mensual a cada ciudadano por el mero hecho de serlo, con lo que se evita la discrecionalidad de las prestaciones sociales y una gigantesca burocracia parasitaria? ¿Por qué no se preocupa tampoco por las graves desigualdades de género, por la explotación de los niños, por la discriminación de los homosexuales, por la exclusión de los discapacitados y por el desecho de la mano de obra dominicana para favorecer la explotación de la mano obra barata de los inmigrantes ilegales? Es más, paradójicamente, la exigencia más radical que la izquierda podría hacerle hoy en día al capital es demandar que adopte formas empresariales capaces de absorber a los pauperizados, hoy excluidos porque son superfluos para las necesidades del capital. Quizás esa sea la única manera de evitar convertirnos en un país de “asentamientos urbanos miserables” donde todos somos, de una manera u otra, “excedentarios” o “prescindibles” (Samir Amin). 

Pero es más cómodo seguirle la corriente a la derecha, exigiendo mano dura para los delincuentes, asustándonos con la teoría de la conspiración de la unificación de la isla por obra y gracia de la comunidad internacional, y reivindicando la necesidad de un hombre fuerte supra-partidos dispuesto a eliminar a los corruptos. Es la vieja receta populista del bonapartismo, mucho más fácil y rentable de asumir que tomarse en serio la equidad social como lo han hecho Lula en Brasil y Bachelet en Chile.