Hoy 
POR JOCHI VICENTE
En su discurso de toma de posesión el Presidente Fernández esbozo las líneas generales de lo que será su política en el sector eléctrico. El análisis realizado por nuestro Presidente en dicho discurso identificó como problema la ausencia de sostenibilidad financiera del sistema para cubrir los costos de producción de energía.
Cuando el Presidente mencionó el tema del incremento de los precios de los combustibles y la devaluación del peso, el Presidente, tocó lo que en mi opinión es la causa fundamental de la crisis del sector eléctrico. Esto es el alto precio de la tarifa eléctrica.
No hay que ser economista para saber que a medida que aumenta el precio de un bien o servicio la demanda de dicho bien o servicio se reduce. Sin embargo, en nuestro sector eléctrico esta relación aparenta no cumplirse dado que aún con los incrementos del precio de la tarifa (fruto de la devaluación y del alto precio del petróleo) seguimos consumiendo mayores cantidades de energía, pero no la pagamos. Lo que está sucediendo es que dado la energía es muy fácil robársela, a medida que el precio aumenta en vez de ajustar las cantidades de energía consumida por la imposibilidad de comprar este servicio a los niveles de precios existentes, los agentes económicos (de todos los niveles de ingreso) están consumiendo la misma cantidad de energía pero sin pagarla.
La gran devaluación fruto de la crisis bancaria y su manejo inapropiado ha erosionado considerablemente el nivel de ingreso de la población. En esta situación, lo lógico es pensar que dicha población priorice en sus gastos. Primero, lo esencial es decir: alimentación, vivienda y salud. Después todo el resto. La energía aún cuando está dentro de las prioridades más altas de la población, es una prioridad que puede ser atendida sin erogar dinero vía un hecho delictivo y que en la práctica no tiene consecuencias penales.
Un análisis del comportamiento de la tarifa eléctrica y las pérdidas de energía de las distribuidoras revela que existe una relación directa entre el precio de venta de energía percibido por los usuarios (tarifa) y el nivel de pérdidas de las distribuidoras. A medida que aumenta el precio, mayores son las pérdidas.
Esta realidad desencadena un círculo vicioso que es difícil de parar. En la medida que el fraude aumenta, las pérdidas de las distribuidoras aumentan, el cobro se deteriora y el flujo de caja de dichas empresas se deteriora también. Esto trae como consecuencia que las edes no puedan honrar sus compromisos. Se evidencia la situación de quiebra del sector.
Exigir que las edes mejoren su gestión de cobro y reduzcan las pérdidas de energía sin producirse una reducción significativa de la tarifa eléctrica es predicar en el desierto. Sencillamente no servirá de nada. Las distribuidoras no tienen dinero, están perdiendo grandes sumas de dinero y los dueños de las mismas (incluyendo al Estado) no quieren seguir invirtiendo bajo las actuales condiciones.
El plan del Presidente Fernández posee cuatro dimensiones
La primera dimensión es la normalización del suministro para lograr aumentar el cobro y reducir un poco el fraude. Sencillamente a la población no se le puede exigir que pague algo que no recibe y cuando lo recibe es de baja calidad.
La segunda dimensión es el ataque frontal al problema del alto costo de la tarifa. La posición de evaluar o renegociar los contratos de compra-venta de energía entre las distribuidoras y los generadores con contratos entiendo que es lo fundamental para reestablecer la competitividad del sector y reducir el precio de la energía. De lo contrario no será posible obtener reducciones en el precio de compra de energía y por consiguiente no será posible reducir la tarifa percibida por los usuarios. La no renegociación de los contratos implica que aún estableciéndose en el país plantas eficientes, la tarifa no se reduce dado que contractualmente ciertos generadores poseen un contrato que fija el precio de venta de la energía. El objetivo debería ser volver al esquema original del mercado de contratos establecido al inicio de la capitalización. Es decir que un 25% del total de la potencia contratada venza cada año y que la potencia contratada no supere el 80% de la potencia demanda.
Ahora bien, el problema es que esto es muy fácil decirlo pero no tan fácil hacerlo. La razón es que los contratos de compra-venta de energía con las distribuidoras que poseen ciertos generadores representan derechos adquiridos que aparentemente tienen valor. Énfasis en la palabra aparentemente.
La gran pregunta es cuanto valen estos contratos en un sistema que está en quiebra. Mi posición es que su valor es reducido por la realidad de bancarrota del sector. Cualquier negociación que inicie el Estado tiene que partir de esta realidad y los generadores tienen que aceptarla. De lo contrario la negociación será un ejercicio estéril de ofertas de compensación por rescisión de contratos sobre la base de valores ficticios e irreales, dado el estado de quiebra del sector.
Si los generadores no aceptan la realidad de quiebra entonces el Estado debe hacer como Ghandi, una resistencia pasiva negándose a cooperar. Cualquier negociación que no tenga un efecto significativo sobre la tarifa es un parche y los parches ya los hemos tratado en el pasado y está demostrado que no han tenido éxito.
El Estado debe de estar en disposición de compensar a los generadores con contratos a recuperar una parte de su inversión a cambio de que acuerden rescindir, voluntariamente, los contratos de compra y venta de energía derivados del Acuerdo de Madrid. Naturalmente, la compensación ofertada debe tener como contraparte una reducción de inmediato del precio de generación de energía. La fuente de pago de esta compensación sugiero que provenga del establecimiento de un peaje de aproximadamente un centavo de dólar por KWh por un plazo de 30 años, de forma tal de no comprometer el presupuesto de la nación.
Una vez rescindidos los contratos hay que incentivar el establecimiento de tecnologías de bajo costo de producción de energía. En estos momentos la selección sería tecnología en base a carbón. Se necesitaría una inversión masiva por parte del sector privado en plantas a base de carbón. Mis estimaciones arrojan que es necesario instalar cerca de 1,400 MW para sustituir las unidades de alto costo de generación. Esta inversión en carbón permitiría que en 3 años (período de construcción) podremos tener un costo de generación cercano a los US_ 4.5 / KWh, lo cuál unido al peaje sugerido como mecanismo de pago de la compensación por rescisión de los contratos de US_ 1.0 / KWh, produciría un precio de generación sustancialmente inferior a los US_ 7.96 / KWh actuales. Esto produciría una reducción significativa en la tarifa eléctrica.
La tercera dimensión contenida en el discurso del Presidente tiene que ver con la profundización del proceso de capitalización y la institucionalización de los órganos rectores del sistema eléctrico. Para esto, consideramos positivo la decisión de convocar a una licitación internacional para adjudicar la administración de Edenorte y Edesur a empresas privadas especializadas en administración de servicios públicos. Adicionalmente, el fortalecimiento y tecnificación de las entidades del sistema, principalmente la Superintendencia de Electricidad es otro elemento fundamental para lograr la sostenibilidad a largo plazo. Esto posibilitará la atracción de nuevos capitales al sector.
La cuarta y última dimensión, es la relativa a la política de subsidio del nuevo Gobierno. La focalización del subsidio es imprescindible para lograr un equilibrio en las finanzas públicas. Sin embargo, este subsidio debe de tener una fuente de financiamiento no relacionada con el sector eléctrico claramente identificada. Mi recomendación es que el subsidio sea directo al usuario a través de un sistema mediante el cual el Gobierno entregue tarjetas de crédito que sólo puedan utilizarse para pagar la factura eléctrica y hasta para la compra del GLP. Al usuario hay crearle consciencia sobre la necesidad de pagar y conocer el costo real de la energía consumida para que de esa forma el principio de que a medida que sube el precio la demanda del producto o servicio disminuya.
El nuevo Gobierno debe de actuar sin prisa pero sin pausa, teniendo como objetivo buscar una solución integral que permita darle la solvencia requerida al sector eléctrico atacando los problemas desde su raíz. Las medidas anunciadas por el Presidente Fernández constituyen un buen inicio en este proceso de búsqueda de soluciones.
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El autor es economista y socio Grant Thornton
jochi.vicente@gtdominicana.com
