Hotoniel Bonilla García 
Es indiscutible que el cuerpo policial dominicano fue concebido con criterios propios de un Estado anclado en la los tiempos de las dictaduras, desarrollado con características de la guerra fría, mientras los regímenes que detentaban el poder combinaron o entrelazaron las funciones de seguridad nacional con las de seguridad pública con inocultables fines políticos.
El tardío desarrollo democrático e institucional del país ha permitido el sostenimiento de esas concepciones que reflejan nuestra cultura política y de los gobernantes, pues ningunoha decidido promover un cambio verdadero en el modelo de seguridad y convivencia ciudadana.
A partir de la última década del siglo pasado han surgido iniciativas e ideas bien concebidas para motorizar esa transformación, pero quedaron como ornatos en estantes de despachos públicos, pues fueron eclipsadas por los rangos militares del cuerpo del orden que con sus salvas suele erizar el ego del poder político.
El cambio constitucional de 2010 colocó a la Policía Nacional bajo la autoridad directa del Presidente de la República (Art. 255); desde el punto de vista administrativo, la Ley Orgánica de la institución la ubica como una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, y su estructura dentro del Estado una Dirección General. Empero, su funcionabilidad resulta bastante discutible pues mantuvo los rangos jerárquicos del área militar.
La vigencia delestamento policial, con esas características militares, no encuentra cabida en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, cargado de contenidos y fórmulas según las cuales no es posible interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los postulados materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. En concreto, la seguridad ciudadana frente a los riesgos de la vida en sociedad, pues el Estado se erige en función de las personas y por tanto sus instituciones y servidores públicos deben corresponder con tal encargo, lo que indudablemente no garantiza el actual modelo policial.
La existencia de medio centenar de oficiales generales activos en la Policía Nacional, más de mil quinientos coroneles y tenientes coroneles e igual cantidad de mayores, asignados en alrededor diez regiones en el territorio nacional, constituye una perturbación en las funciones naturales de la institución responsable de velar por la seguridad ciudadana, mantener el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas.
Esa estructura limita la posibilidad de supervisión y dirección efectiva por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, colocando en la práctica al Director y la plana mayor de la institución con una autoridad concentrada y descontrolada del poder civil, puesto que resulta ilusorio que el Presidente de la República pueda dedicarse a ejercer esa tarea; su actuación es puramentereactiva cuando desde la institución se desbordan los atropellos.
Así las cosas, el inaplazable cambio en la Policía Nacional debe iniciar por reorientar sus funciones,reasignar los estamentos existentes en dos estructuras formales, una estrictamente controlada por el Ministerio de Interior y Policía, con funciones de fuerza del orden público; y un cuerpo profesional y técnico bajo el control legal y disciplinario de la Procuraduría General de la República, para las investigaciones con fines judiciales, a ser realizadas con métodos científicos, que permita sustituir el actual sistema empírico de investigación, cuyo mejor exponente es la “fuente” proveniente de un infiltrado o soplón, lo cual alimenta la connivencia entre policías ydelincuentes.
Ejecutar una verdadera y efectivadepuración de todos los integrantes del cuerpo del orden, que abarque el perfil y funciones que realiza; que el Ministerio de Interior y Policía ejerza las funciones de controlar sus actuaciones, las cuales deben concentrarse enla prevención del delito, mediante labor de seguridad, protección ciudadana y auxiliar del cuerpo técnico de investigación bajo la dirección del Ministerio Público.
Desmontar los rangos de la oficialidad superior, iniciando por los comprendidos entre teniente coronel y mayor general, hasta alcanzar en un plazo razonable la limitación a niveles de los puestos de mandos existentes, conforme a la ley. En el futuro, suprimirlos en forma total para que sean identificados con denominaciones que vayanen armonía con su naturaleza civil y en correlación con las funciones específicas que ocupen en las distintas dependencias.
Definircriterios estandarizados para la selección y reclutamiento de nuevo personal, convirtiéndolo en un cuerpo profesionalizado y desmilitarizado. El modelo de reclutamiento debe incluir un metaanálisis de los hechos delictivos cometidos por miembros de la institución en la última década, para descartar sistemas de ingresos que permitieron incorporar a sus filas a individuos con el perfil de los que han perpetrado actos atroces como el más reciente ocurrido en Villa Altagracia.
Las unidades especializadas de la policía deben estar bajo el control del cuerpo técnico dirigido por la Procuraduría; los actuales departamentos técnicos destinados a la investigación, como el laboratorio de criminalística y otros, es conveniente traspasarlos al INACIF.
Cabe destacar, en beneficio de la Policía Nacional, en sus filas hay una pléyade hombres y mujeres bien formados para encarar las referidas tareas, lo que falta es organización, delimitación de funciones conforme al ordenamiento constitucional,control disciplinario y régimen de consecuencia.
Ahora bien, el réquiem policial quedaría inconcluso si el cuerpo que surja de su reestructuración mantiene símbolosy prácticas tan oscuras como el húmedo sótano del Palacio de la Policía, el uniforme gris y el uso incontrolado de armas letales. Tampoco surtiría el efecto disuasorio requeridosi quedan intactas las injustificadas fortunas de algunos de sus altos oficiales activos y en condición de retiro.
Esas decisiones pueden ejecutarse a corto plazo, pues existen los mecanismos legales para implementarlas. Las reformas a largo plazo deben realizarse en el marco de una profunda transformación del conjunto de las instituciones democráticas.
