EDUARDO JORGE PRATS
La seguridad ciudadana se ha convertido en el principal tema de las noticias y de la campaña electoral. Como es de esperar en un país que a duras penas comienza a abandonar una cultura político-jurídica autoritaria que hunde sus raíces en la colonia y en los gobiernos dictatoriales que hemos padecido en nuestra historia republicana, el debate se ha planteado en términos de seguridad versus libertad. Se ignora así, consciente o inconscientemente, el hecho de que no puede haber seguridad sin libertades ni derechos sin orden, por lo menos no en un ordenamiento que se precie de democrático y de liberal.

¿Cuáles deben ser los pilares de un sistema de seguridad ciudadana en una república democrática y de derechos? Independientemente de los programas de lucha contra la pobreza que deben emprenderse para enfrentar la problemática de la marginalidad y la exclusión social -para lo que basta con referirse a los estudios recientes del Centro Juan Montalvo y al Informe Nacional del PNUD del 2005-, un eficaz sistema de seguridad ciudadana -tal como explicáramos al lanzar nuestra plataforma legislativa como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)-, se funda en tres elementos básicos: una legislación que permita enfrentar las nuevas formas de criminalidad, una justicia rápida y eficaz y unas fuerzas policiales modernas, capaces y cercanas a la gente.

Enfrentar a una delincuencia cada día más organizada, transnacional y violenta implica aprobar un nuevo Código Penal que contemple las nuevas y más graves formas de criminalidad, endureciendo las penas para las ofensas más graves y despenalizando los delitos bagatela que desperdician los escasos recursos del sistema penal.

Como el simple agravamiento de las penas no implica una disminución de la criminalidad, porque lo que disuade al criminal no es tanto la gravedad de la pena sino la certidumbre y rapidez de la condena, como claramente lo demuestran los estudios comparados de la región, la clave radica en lograr una justicia penal más ágil y eficaz. Y este es precisamente el segundo pilar de un buen sistema de seguridad ciudadana que se puede construir sacando provecho del nuevo Código Procesal Penal, el cual permite utilizar procedimientos abreviados para ciertos delitos, incorporar agentes encubiertos en las investigaciones, adoptar mecanismos especiales para los procesos complejos y aplicar nuevos e incrementados poderes de los fiscales. Lógicamente esto requiere recursos materiales, entrenamiento de los fiscales en el acopio, preservación y presentación de las evidencias en juicio y coordinación de esfuerzos entre todos los actores del sistema penal.

El tercer pilar de la seguridad ciudadana es la policía. Hay que incrementar el ridículo numero de efectivos policiales (apenas 4,000) y mandarlos a las calles, más motivados y mejor entrenados. Esto requiere hacer de la policía una carrera atractiva para nuestros mejores bachilleres y modernizar el cuerpo policial, incorporando equipos tecnológicos más avanzados y adoptando una organización más funcional. Hay que fortalecer las policías municipales -esenciales para la vigilancia de lugares públicos como escuelas y plazas públicas-, y acercar la policía a los ciudadanos mediante la creación de las juntas locales de seguridad en donde se integran las organizaciones comunitarias y del barrio. Hay que priorizar la política de prevención del delito enfatizando la lucha contra la violencia intrafamiliar, el tráfico de personas, el narcotráfico, los atentados contra la seguridad escolar, y los robos con violencia. Este pilar requiere una Ley de Seguridad Ciudadana que sistematice la reforma policial y la construcción de un sistema de prevención del delito.

Hay que estar conscientes de que la seguridad ciudadana tiene una insoslayable dimensión internacional. Por eso hay que fortalecer la cooperación judicial internacional, apostar por un control efectivo de nuestras fronteras marítimas, aéreas y terrestres y adoptar una política de inmigración efectiva y adecuada a los requerimientos del ordenamiento supranacional de derechos humanos.

Finalmente, la seguridad ciudadana se construye no con discursos sino con recursos humanos y materiales y con una firme voluntad política. El día que el Estado ponga los recursos y la voluntad donde se pone ahora sólo las palabras, los ciudadanos podremos realmente recuperar el perdido control de nuestras vidas y salir de la lógica del miedo cotidiano y colectivo que nos agobia.