Al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según lo muestra un informe publicado este miércoles por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país centroamericano (Binuh).

Entre las víctimas figuran 6 niños de apenas 10 años, mientras que otras 170 personas fueron secuestradas para pedir rescate, según añade la información.

La gran mayoría de estos casos se documentaron en el área metropolitana de Puerto Príncipe, seguida de Artibonite y Grand’Anse, de acuerdo con el informe, que recordó que en el trimestre abril-junio murieron al menos 945 personas y 434 resultaron heridas a causa de la imparable violencia en este deprimido país caribeño.

Los datos de la Binuh también ponen de relieve la persistencia de las denuncias de ejecuciones sumarias, en las que están implicadas unidades especializadas de la Policía Nacional.

En el documento, la oficina de la ONU expresó preocupación por los continuos actos de violencia sexual cometidos por las bandas contra mujeres y niñas.

Varias víctimas fueron atacadas mientras caminaban o utilizaban vehículos de transporte público.

«Algunas de ellas fueron asesinadas tras ser violadas», reveló el informe.

El impacto de la violencia sobre los niños sigue siendo especialmente preocupante. Durante el tercer trimestre de este año, al menos 59 niños y niñas fueron asesinados y heridos, víctimas de asesinatos, lesiones, secuestros y violencia sexual.

Estos niños también fueron víctimas de la trata de personas y del reclutamiento por parte de las bandas.

Ante esta situación de inseguridad y violencia, la Binuh recomienda a la comunidad internacional que mantenga a Haití en su agenda y acelere el despliegue completo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, de acuerdo con las normas y estándares de derechos humanos.

También recomienda que los Estados de la región intensifiquen las inspecciones de los cargamentos con destino a Haití en su territorio, incluidos puertos marítimos y aeropuertos, de conformidad con las Resoluciones 2653 (2022) y 2752 (2024) del Consejo de Seguridad de la ONU, que imponen un embargo de armas.

Asimismo, sugiere que el Gobierno haitiano acelere la aplicación efectiva del proceso de investigación de antecedentes a los miembros de la Policía Nacional y lleve ante la justicia a los agentes implicados en graves violaciones de los derechos humanos.