Sería mezquino regatearle a la gente el derecho a protestar contra las inconsecuencias, contra la falta de respeto que constituyen los apagones. Pero la violencia no es la mejor forma de encarar esta situación, y cuando hablamos de violencia nos referimos tanto a la que atizan los manifestantes como la que comete la fuerza pública al disparar indiscriminadamente.

Hay un balance de un muerto y varios heridos de bala durante manifestaciones violentas que fueron enfrentadas por la fuerza pública también con violencia. Se supone que en este país los contribuyentes pagan para que haya autoridades entrenadas en el control de tumultos con medios no letales, y en algún momento esa capacidad ha sido exhibida con éxito.

Se trata de un problema de múltiples aristas económicas y sociales y el Gobierno está en el deber de buscar soluciones perdurables, no coyunturales. Los líderes comunitarios harían bien en borrar la violencia de sus planes de lucha y sustituirla por medios de protesta civilizada, pero de efectos contundentes, como han hecho cada vez que han dirigido la voluntad en esa dirección. Pero la autoridad también debe sacar de sus recursos inmediatos el uso excesivo de la fuerza en el control de tumultos callejeros, pues las balas no discriminan  entre revoltosos e inocentes. Al grave problema de los apagones no podemos sumarle el de la violencia de civiles y autoridades.

Denuncia para investigar

Una denuncia sobre rumores de soborno para lograr la aprobación de tres créditos internacionales, entre los que está el de la compra de los aviones Super Tucano, ha sido lanzada por el diputado oficialista Elso Segura Martínez. Para bien o para mal, los propios diputados y las partes interesadas en la aprobación de los proyectos en cuestión deben ser los más interesados en que se investigue esta denuncia y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Nuestro ordenamiento jurídico dispone las vías para practicar investigaciones en ámbitos de jurisdicción privilegiada como el Congreso. El propio denunciante haría bien en aportar cuanto dato tenga a su alcance para contribuir a establecer la verdad. Una denuncia de naturaleza tan grave como la que nos ocupa, no debe pasar desapercibida en un país cuyas autoridades predican que quieren  moralizar cada acto público. Que funcionen los medios establecidos para estos casos.