La violencia y la inseguridad avanzan en la República Dominicana conforme avanza el crimen organizado. Éste, a su vez, se potencia a expensas de la debilidad del Estado y sus instituciones, a los que somete con corrupción, chantaje, intimidación o violencia, o simplemente con superioridad de recursos.
Penetra en la política y la economía, en los cuerpos castrenses y policiales, en el ministerio público y la justicia, pero también en la cultura y las más diversas actividades sociales. Es un proceso con hondas raíces, que viene desde lejos.
Prefiere avanzar de modo imperceptible, pero con frecuencia creciente demuestra su poder desafiante. Como ha pasado en otros países de nuestra región, establece vasos comunicantes con otras formas de criminalidad, que lo complementan. Llega, incluso, a estar en condiciones de mediatizar o revertir cualquier acción de políticas públicas que lo enfrente.
Sin dudas tiene poderosos aliados o cómplices, sobre todo en las esferas encumbradas y en el campo transnacional. No debemos olvidar que la globalización le abrió brechas formidables como demuestra Loretta Napoleoni en su obra La Economía Canalla.
Pero, sobre todo, es evidente que las grandes potencias no lo enfrentan coherentemente: en Ojos Vendados, Andrés Oppenhaimer ilustra elocuentemente cómo la política norteamericana estimuló por décadas la corrupción transnacional y el avance del narcotráfico y el lavado en América Latina.
Después del 11 de septiembre la situación se agravó porque las prioridades cambiaron y la lucha contra el narcotráfico, el lavado y la corrupción se instrumentalizaron a conveniencia y con gran cinismo para asegurar metas de política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica.
República Dominicana ha pagado un alto precio con la mengua de su soberanía por el empleo en su contra de esos recursos duros de poder.
En esas condiciones, el Estado y sus instituciones se torna cada vez más inoperante, lábil, vulnerable, y se limita a responder a los clamores de la población desesperada, ya sea minimizando las agresiones criminales como “simples percepciones”, o bien, con una reactividad que linda con el efectismo.
Una prueba inequívoca de esa inoperancia -de las muchas que hay-, es la incapacidad de cumplir con la medida de control más elemental: el bloqueo de las señales de los celulares desde las cárceles. Y de ahí que los recintos penitenciarios sean, en los hechos, centros de mando y control del crimen; verdaderos call centers desde los que se ordenan con facilidad y gran impunidad infracciones muy variadas.

Si los criminales que están presos no pueden ser controlados, ¿qué podemos esperar entonces de los sueltos? ¿Autoridades que no puede accionar frente a ésto, podrán ejecutar un verdadero programa anti crimen, como lo imponen las circunstancias que vivimos, donde los problemas de seguridad ciudadana, por afectar a millones, se han convertido en un serio problema de seguridad nacional?