Cuando Carlos Luis de Secondat, mejor conocido como Barón de Montesquieu o simplemente Montesquieu, en su afanosa búsqueda de encontrar una palabra que le diera sustento a su famoso libro “El Espíritu de las Leyes” halló, en virtud política, la palabra clave, definida esta como “amor de la patria y de la igualdad” , distinta a la virtud moral y la virtud cristiana, no excluyéndolas necesariamente, siendo por lo contrario ambas un rico complemento de aquella primera siempre que se practicara apegada al espíritu de la ley como esta fuera por él concebida.
Montesquieu puso, bajo su prisma, los distintos regímenes de gobierno y los tres poderes del Estado que en un sistema democrático ideal deberían ser libres e independientes entre sí, no sujeto a otros poderes, tal lo demanda la actual Constitución de la República y donde reina la voluntad del pueblo soberano de donde emanan los demás poderes. Para serlo debería ser un pueblo instruido en sus derechos y obligaciones libre de restricciones, temores y ataduras siendo esta la única forma en que puede estar en capacidad de ejercer plenamente su soberanía.
Juan Pablo Duarte, nuestro noble patricio, quien estuvo poseído de aquellas dos grandes virtudes – la moral y la cristiana – dando siempre prioridad a la virtud política, a su amor por la patria y la justicia, encaminada a lo bueno y a lo justo, “Toda ley para ser legítima debería ser justa” y recomendaba: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”, al mismo tiempo que proclamaba sus limitaciones: “Ningún poder de la tierra es ilimitado ni de la ley tampoco. Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca.” Y llegaba aún más lejos en sus proclamas concediendo a los pueblos el sublime derecho de rebelarse: “Toda autoridad no constituida es ilegítima, y por tanto no tiene derecho alguno de gobernar ni se está en la obligación de obedecerla.”
Estas citas, que deberían servir de ejemplo ciudadano y de marco de referencia a toda legislación, deben ser siempre recordadas, particularmente ahora en tiempo difícil y tormentoso, cercana las elecciones generales cuando las ambiciones se desbocan y los aprestos electorales, las campañas políticas, su financiamiento desorbitado, la presteza de los legisladores y de los partidos por sacar a flote la Ley de los Partidos Políticas y aprobar por fin la Ley del Régimen Electoral después de 20 años de ausencia, con sus conquistas, deficiencias y limitaciones, y los juicios políticos enmascarados que no son otra cosa los montados en el caso Odebrech, donde al decir popular desde su comienzo: “No son todos los que están, ni están todos los que son” al igual que otros casos similares, tienen a este pueblo al garete, encontrándose prácticamente en un callejón sin salida porque hace falta, desde la cima de los poderes públicos, concentrados en un partido político y en pocas manos, la virtud política.