La vivienda es considerada uno de los derechos fundamentales del ser humano, que adopta la dimensión de seguridad en la República Dominicana, en tanto que a partir del año 1968 la Ley 339 la declara de pleno derecho bien de familia, en consonancia con lo establecido en la Ley 1024 del 1928.

También, la Constitución consigna el derecho de toda persona a una vivienda digna con servicios esenciales y establece que el acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.

Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas 10 y 11 del ODM 7 incorporan con claridad la vinculación con la calidad de la vivienda, en la medida en que la misma tiene acceso a agua potable, a saneamiento y a condiciones adecuadas aun cuando se encuentre en asentamientos precarios.

Justamente, como elemento relevante para la construcción de una sociedad cohesionada con bajos niveles de pobreza y desigualdad, el Eje 2 de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 contiene el objetivo de facilitar el acceso de la población a viviendas dignas con seguridad jurídica que garantice la posesión de las mismas. Para alcanzar este objetivo es necesario impulsar acciones tendentes a avalar procesos de fortalecimiento del sector vivienda, a fin de que sea el impulsor y defensor del derecho a la vivienda. Esto lleva a dimensionar el problema habitacional y proponer líneas de acción que concreten el objetivo mencionado.

Sin embargo, la existencia de un adecuado marco legal y normativo no es suficiente, se necesitan opciones creativas que permitan diversificar la oferta de viviendas para atender la gran demanda, tanto desde el Estado como desde el sector privado.

El déficit habitacional se manifiesta en dos dimensiones: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. El primero se refiere a la falta de viviendas para que cada familia habite una, mientras que el segundo tiene que ver con la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la vivienda. En este sentido, puede entenderse como déficit habitacional la multiplicidad de carencias asociadas a aspectos necesarios para una adecuada calidad residencial. De acuerdo a estimaciones recientes, el déficit habitacional es de alrededor de 873,000 viviendas, del cual aproximadamente el 65% corresponde a viviendas cuya calidad de los materiales debe ser sustituida y/o son deficitarias en servicios básicos conexos, mientras que el 35% restante corresponde a la cantidad de viviendas que hace falta construir.

En este sentido, la END 2010-2030 propone propiciar el acceso de organizaciones sin fines de lucro a líneas de crédito destinadas al micro financiamiento para el mejoramiento y construcción de viviendas para familias de bajos ingresos.

De este modo, aquellas organizaciones que históricamente han implementado con éxito proyectos dirigidos a elevar la calidad de las viviendas de una localidad determinada, podrían ampliar sus acciones y replicar modelos que, por limitaciones financieras, no han tenido el impacto deseado.

Ahora bien, la construcción de nuevas viviendas, sobre todo aquellas dirigidas a familias de bajos recursos, parece cobrar importancia cuando la Propuesta de END 2010-2030 plantea la promoción del desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para promotores del sector privado que construyan viviendas de bajo costo y según estándares de calidad adecuados. Una de esas opciones podría ser la revisión y ajuste del esquema del Bono Habitacional en el que promotores puedan recibir los recursos provenientes de los iniciales para las viviendas para contar con recursos frescos para la construcción de las mismas viviendas.

Estas nuevas opciones están relacionadas con la línea de acción que propugna por impulsar el desarrollo de mecanismos que faciliten y promuevan el ahorro habitacional programado, así como el uso en garantía de los recursos acumulados en la cuenta individual de los fondos de pensiones para el inicial de préstamos hipotecarios. Muchas familias podrían calificar a un préstamo para completar el inicial de préstamos hipotecarios, en la medida que su cuenta de capitalización individual pueda ser la garantía del mismo. Obviamente, esto requeriría de una debida reglamentación.

Un aspecto muy relacionado a la vivienda es el entorno. Este entorno está relacionado con el terreno donde se localiza la vivienda y con las características de los asentamientos humanos. Respecto al terreno, la Propuesta de END 2010-2030 plantea propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con un plan de ordenamiento territorial.

Para que esto ocurra, es necesario fortalecer las estructuras locales que tienen como competencia compartida con el Gobierno Central en el ordenamiento territorial, procurando el desarrollo de territorios seguros. En los diferentes territorios hace falta fortalecer la capacidad técnica de los ayuntamientos, a fin de que realicen con éxito esta labor. Mientras que en relación a las características de los asentamientos humanos, la Propuesta de END 2010-2030 se plantea el objetivo de asegurar asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgo. Para ello es necesario desarrollar el marco legal e institucional que propicie el establecimiento de asentamientos humanos ordenados y sostenibles, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar los riesgos y posibilitar la provisión eficiente de servicios básicos.

Se reconoce en la Propuesta de END 2010-2030 que hay muchos asentamientos humanos que necesitan ser mejorados mediante la construcción de infraestructura para el acceso a servicios básicos, así como de infraestructura de servicios comunitarios y el respeto y acondicionamiento de los espacios públicos. Estos últimos elementos facilitan la vida comunitaria y la cohesión social. Pero también se plantea la necesidad de reubicar los asentamientos localizados en la margen de ríos y cañadas y zonas en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, así como aquellos cercanos a focos de contaminación.

Es entonces el momento propicio para que las políticas habitacionales estén en línea con las políticas de ordenamiento y desarrollo territorial y con las políticas medioambientales y de gestión de riesgo, en particular las relativas a las normas de construcción que aseguren una resiliencia (restauración) temprana en caso de ocurrencia de algún fenómeno natural. La Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, con una visión prospectiva, plantea los aspectos esenciales para enfrentar el déficit habitacional, con un enfoque integral que involucre a todos los actores que inciden en la creación de espacios habitables que eleven la calidad de vida de la población dominicana.

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

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Marco legal

La Propuesta de END 2010-2030 plantea la necesidad de establecer un marco legal y procedimental para fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria, los derechos de inquilinato y la agilidad de los procesos administrativos vinculados a la propiedad y construcciones de viviendas, sean de interés social o no. Además destaca la necesidad de establecer normativas que garanticen el desarrollo de proyectos saludables y sustentables. Sin embargo, la existencia de un adecuado marco legal y normativo no es suficiente, se necesitan opciones creativas que permitan diversificar la oferta de viviendas para atender la demanda, desde el Estado y el sector privado. El déficit habitacional se manifiesta en dos dimensiones: el déficit cuantitativo y el cualitativo. El primero se refiere a la falta de viviendas y el segundo a calidad de materiales utilizados en construcción de casas.

Las claves

1. Vivienda digna

La Constitución de la República consigna el derecho de toda persona a una vivienda digna con servicios esenciales.

2. Incorporan

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas 10 y 11 del ODM 7 incorporan con claridad la vinculación con la calidad de la vivienda, con acceso a agua potable.