La voz de la JCE

La voz de la JCE

La Junta Central Electoral (JCE), que tiene la alta responsabilidad de conducir al país a unas elecciones presidenciales diáfanas y transparentes para el 16 de mayo del presente año, ha dado a conocer su parecer sobre la posible aprobación del proyecto de ley de Voto Preferencial Presidencial o de Ley de Lemas.

El pronunciamiento de la JCE son de vital importancia en medio del gran debate suscitado por esta controversial propuesta de legislación, pues su aprobación obligaría a profundos cambios en el régimen electoral, a pesar de que el tiempo se achica cada vez más.

En comunicación dirigida a la Cámara de Diputados, la Junta expone que una posible aprobación del proyecto de Voto Presidencial Preferencial, que ya fue aprobado en el Senado, entre otras cosas obligaría a reformar la boleta electoral, las actas de votación, adiestramiento de personal, sustitución de equipos y programas de computadoras y contratar más personal, aparte de que se harían inmanejables los cambios que habría que hacer en el sistema de representación de delegados de los candidatos. Todo esto, según la carta del tribunal, habría que consensuarlo con los partidos políticos y ejecutarlo en los 44 días hábiles que hay entre esta fecha y el 16 de mayo.

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Sin desmedro de la soberanía que les confiere la Constitución como miembros de uno de los tres poderes del Estado, los legisladores están en el deber de sopesar cuanto ha dado a conocer la JCE, como tribunal con la principal cuota de responsabilidad en la organización de las elecciones.

A todos nos concierne el fortalecimiento institucional del país, sobre todo a través de un ejercicio legislativo que se afiance en las necesidades nacionales para impulsar iniciativas de progreso en todos los ámbitos.

Al margen de todo cuanto se ha opinado acerca de introducir a estas alturas novedades en el sistema electoral, los argumentos de la Junta, exprersados mediante carta firmada por todos los miembros de su pleno, deben ser tomados en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión sobre este proyecto.

En el contexto actual, cuando el país requiere armonizar intereses y que todas sus fuerzas sociales empujen en un mismo sentido, con vocación de aportar soluciones y remover perjuicios, sería un acto de sensatez acoger los planteamientos que de manera responsable ha formulado la JCE.

No queda más, pues, que continuar la marcha sin accidentes ni tropiezos, sin improvisaciones ni zancadillas, hacia las elecciones presidenciales del 16 de mayo de este año.

¿Luz?

Entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido suscrito un nuevo acuerdo stand by que pone a disposición del país una cartera de créditos procedentes de varios organismos financieros.

El libramiento de estos recursos, por supuesto, está sujeto a que la República Dominicana se someta a ciertas disciplinas monetarias y fiscales, algunas de las cuales son bastante rígidas, que penalizarán bastante a los sectores de bajos ingresos.

Una vez metidos en el atolladero en que estamos, con enormes dificultades financieras y un proceso devaluatorio desenfrenado, la única luz que hay en el sendero es la entrada en vigencia de este acuerdo que, si lo llevamos bien, nos permitirá reposicionar la economía y nuestra imagen internacional.

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