La vuelta atrás en busca de una legitimación. Las objeciones al proyecto de fideicomiso para administrar la central energética de Punta Catalina han estado dirigidas mayormente a la presunción de que presenta resquicios que permitirían derivar hacia una privatización aunque se escucha también cierta oposición total a que el Estado recurra a terceros para operarla.

Además el anuncio, prudente y respetuoso de las disidencias, del presidente Luis Abinader de que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos, reafirma la existencia de un riesgoso vacío.

La otra festinación, que súbitamente hizo surgir posiciones en contra, consistió en no haber puesto a debate público, como ahora se haría, la propuesta de gestión energética antes de ir al Congreso.

Se trata de una obra marcada por la controversia desde antes de colocarse la primera piedra, y de la que todavía falta determinar su costo real, certificar sus condiciones técnicas y esclarecer en sus orígenes y detalles la adjudicación y preferencia por el carbón.

El fideicomiso no está descartado en sí mismo como acto jurídico, pero como fórmula para Punta Catalina tiene que ser dilucidado por políticos y especialistas a profundidad ante los ojos de la sociedad dominicana.

La receptividad del presidente Abinader a las muy atendibles discrepancias al proyecto, conduciría a oportunas rectificaciones después de la aprobación al vapor dispuesta con tardíos arrepentimientos por la Cámara de Diputados.