ANTONIO GIL
Resulta insólito y viola los principios de legítima defensa y el de que nadie puede ser juzgado por un delito que no cometió, el anuncio casi oficial de que serán catalogados de «asociación de malhechores» los comerciantes que han decido defenderse de los delincuentes que los asesinan y roban con impunidad.

La asociación entre asaltantes y asesinos con agentes policiales fue develada por estas mismas autoridades. Este es un mal heredado y con raíces de muchos años. A este gobierno hay que reconocerle la decisión valiente de desnudarlo, enfrentarlo y tratar de enmendarlo.

Hace décadas que la voz popular señalaba la asociación de agentes y delincuentes, pero ninguna otra administración se había atrevido a hacer algo en contra de esa claque a la que se le atribuían poderes mayores que a los de la mafia siciliana. Ante el desamparo, la población respondió primero con las verjas y las rejas de acero, que en principio fueron bajas y después más altas y gruesas, y finalmente con los serenos y empresas de policía privada. Pero, ya esto no es suficiente.

Lo que atemoriza ahora a los ciudadanos es que con demasiada frecuencia las autoridades – que deben garantizar la seguridad y la vida – confiesan que carecen de recursos y que su personal también carece de condiciones para sostener las responsabilidades que han asumido. Cada vez son más alarmantes los crímenes y robos de administradores de la cosa pública o en los que están envueltos militares y policías.

Por esto, temo que hay un exceso de las autoridades cuando amenazan a los comerciantes con llevarlos ante los tribunales como «asociación de malhechores» porque han decido defenderse con armas más o menos parecidas a las de los atacantes.

Constitucionalmente está establecido el derecho inviolable a la vida y la propiedad. Es obligación del Estado – de todos los organismos y funcionarios del Estado sin excepción – garantizar el cumplimiento de estos derechos reconocidos más allá de fronteras nacionales. Pero, además, el legislador fue sabio al darse cuenta de que la autoridad – el Estado extendido en sus agentes policiales – nunca estaría presente en todo lugar y por esto estableció el derecho a la legítima defensa y la cooperación del ciudadano en el arresto de los delincuentes.

Cuando escuché de la situación que han develado los comerciantes me vino a la memoria el cuento de Ramón Emilio Jiménez padre sobre el grupo de campesinos a los que uno de los generales de la manigua dominicana le había robado sus animales en las inmediaciones de Monte Cristi. Los perdidosos siguieron a las «tropas» hasta las proximidades de Santiago. En la noche, dormía el general en una vivienda en una hacienda que había ocupado y en la que se había adueñado de bienes y mujeres en nombre de la Patria, cuando se escuchó un disparo. Al asomar a la ventana preguntó al centinela:

— ¡¿Qué ocurre, por qué está disparando?!

A lo que el centinela respondió:

— General, son los dueños de las vacas que vinieron a robárselas.

Es de admitir que aquella historia era un justificativo sutil – subliminal o un metamensaje como se diría ahora – de la «pacificación» del país que hicieron las tropas de ocupación de los Estados Unidos y el Generalísimo, pero no es menos cierto que era una trágica realidad vivida por el país y que fue sin dudas el terreno que abonó el apoyo que tuvo la dictadura de 31 años. Fue así, para explicarlo en tres líneas, que los ciudadanos, desamparados por las instituciones públicas y esquilmados por quienes debían defenderlos, se postraron ante el horror y hasta lo apoyaron.

Soy de los que se niega a admitir que cada ciudadano asuma la justicia en sus manos, porque estimo que eso nos conduciría al caos. Hace años que escribo sobre este fenómeno que alentaron los partidos y que vía en lontananza. Pero ya está aquí. La autoridad está muchas veces en manos del delincuente y este luce tener más derechos que el hombre cumplidor de la ley.

Así las cosas, las autoridades no pueden cegarse para coartar el derecho del ciudadano laborioso mientras se extiende y estira el de los ladrones y asesinos. Este ciudadano, que prefiere la paz, muchas veces vive con más incertidumbre y precariedades que los presos – aún con todos los horrores que ahora se narran de nuestras cárceles – para que ahora, ante las condiciones que han creado los políticos, también se le niegue el derecho a defender su vida, sus bienes y su familia. Esa política tiene que ser revisada porque contiene un mal mensaje que estimulará lo que se quiere evitar.