Hoy 
ROSARIO ESPINAL
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Hay muchas formas de robar y no haré aquí un listado. Me referiré a una que ha desatado alboroto desde los primeros días del año: el aumento de salario de algunos regidores.
En el Estado Dominicano es ya común una nueva práctica de robo. Consiste en que distintos funcionarios, electos o nombrados, se aumentan los sueldos bajo el argumento de que necesitan o merecen mayores ingresos.
Sólo hay que recordar el escándalo con el aumento de sueldos de los miembros de la Cámara de Cuentas, el completivo de los miembros de la Junta Central Electoral, o los astronómicos salarios de funcionarios en el sector bancario gubernamental.
Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a los trabajadores dominicanos si necesitan y merecen mayores ingresos, probablemente la mayoría contestaría afirmativamente.
¿Significa esto que ellos pueden aumentarse sus sueldos? No, sería la respuesta en muchos casos. Pocas personas tienen la posibilidad de elevarse el salario unilateralmente.
En el gobierno dominicano, sin embargo, muchos funcionarios utilizan su poder para incrementar sus ingresos mediante aumentos de sueldo, gastos de representación y otros beneficios colaterales.
El primer problema con esta práctica es que el gobierno ha perdido la capacidad de imponer un sistema racional de salarios y beneficios para sus empleados.
Esto aumenta los niveles de ineficiencia en la administración pública, ya que la movilidad laboral ocurre por la decisión arbitraria de los funcionarios para atribuirse beneficios, no por el buen desempeño de la función.
Lo que cuenta para mejorar la condición económica individual es tener una función pública: ser regidor, no un buen regidor; ser congresista, no un buen congresista; ser secretario de estado, no un buen secretario de estado.
El otro problema es que se borra la noción de que al gobierno se va fundamentalmente a servir a la sociedad.
La tensión entre servir y servirse siempre acompaña a los funcionarios públicos. Por eso hay que mantener el discurso y las acciones de control público, para aspirar a tener un sistema político que responda a la población, no sólo a los intereses de los funcionarios y su cortejo.
Lamentablemente, en la República Dominicana ha existido siempre un desbalance muy grande entre la función pública, entendida como servicio a la sociedad, y el objetivo de los funcionarios de servirse ellos mismos y a sus allegados.
Lo que ha cambiado en décadas recientes no es esta práctica, sino la cantidad de personas que tienen acceso al beneficio indebido de los fondos públicos. De ahí que los escándalos abarquen hoy en día hasta a los regidores.
En los períodos dictatoriales, pocas personas tenían acceso a la distribución de los recursos públicos. Para enriquecerse en la impunidad, los gobernantes mantenían al pueblo reprimido. Recordemos la dictadura de Trujillo y los 12 años de Balaguer.
Después de la transición política de 1978, sostener una democracia económicamente tan desigual y excluyente como la dominicana, ha requerido ampliar la distribución indebida del pastel gubernamental, de manera que los beneficios lleguen a más personas.
Por eso proliferaron los partidos políticos, aumentó la cantidad de puestos electivos y la empleomanía gubernamental en general.
Cada elección se convierte en una lucha brutal entre grupos políticos para acceder al gobierno con el propósito de ejercer el ladronismo.
Unos lo hacen de manera más eficiente y otros más descaradamente; pero el objetivo es el mismo: enriquecerse a costa del pueblo.
Esto no quiere decir que todos los funcionarios públicos sean corruptos. Pero en la actualidad es difícil encontrar muchas personas que hayan tenido un cargo público de importancia y no se hayan enriquecido como resultado.
Aparte del mal precedente ético que se establece, es muy lamentable que la rápida movilidad económica de muchos funcionarios no se acompañe de una mejor gestión pública.
Sucede que en la República Dominicana, mientras se amplía el número de personas que se beneficia indebidamente de los recursos públicos, se reduce la calidad de los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía.
El resultado de esta situación es que aumentan los problemas sociales en cantidad y magnitud, mientras disminuye la capacidad del Estado de dar respuesta. Por esto el ladronismo es tan peligroso.
