Por ALEIDA PLASENCIA
El Plan Nacional de Competitividad Sistémica, lanzado ayer por el Gobierno, establece una serie de estrategias para solucionar los problemas de las pequeñas y medianas empresas, un mecanismo de depreciación acelerada para maquinarias y equipos, así como la convergencia industrial de los sectores textil, confección y calzado.

Igualmente se busca que haya un mecanismo de pago diferido con relación al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Con relación a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), recomienda enfocar los esfuerzos de las diversas instituciones y programas de fomento de éstas, de manera coordinada, mediante la instrumentación de una serie de iniciativas que cubran las vertientes de fortalecimiento de la gestión empresarial y fomento de un entorno favorable a los negocios.

Sostiene dicho plan que la estrategia para elevar la competitividad de este sector en el país, consiste en instrumentar una serie de programas que ataquen los problemas medulares que enfrentan estas empresas, fortaleciendo y creando las instituciones de apoyo para promover el desarrollo competitivo de las MIPYMES.

En ese sentido, plantea instituir un programa para fortalecer los actuales esquemas de financiamiento del sector a los fines de crear incentivos que permitan reducir las limitaciones del sector para adquirir créditos. Establece también desarrollar el sector a través del fortalecimiento empresarial, mediante la creación de un Comité MIPYMES e impulsar el desarrollo laboral y fortalecer el entorno fomentando los aspectos relacionados con la articulación productiva, la innovación, así como las exportaciones.

El Plan Nacional de Competitividad Sistémica es producto de una labor que desde hace un tiempo venía realizando un equipo profesional en el marco del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), en el que se tomó en cuenta antecedentes, documentos y -estudios preparados por entidades de los sectores público y privado, comisionado por el Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo, presidido por el doctor René Villarreal, quien se involucró de manera directa en el proceso. Fue lanzado en un acto ayer celebrado en el Hotel Jaragua.

En lo relativo a la política industrial del país, plantea que la industria dominicana requiere fomentar la inversión productiva, la innovación y reconversión de la planta industrial para adecuarla a los nuevos retos de la apertura comercial. Esto se haría, plantea, mediante el diseño de una política para fomentar la inversión y reconversión de la planta productora en maquinaria, equipos y tecnología.

Para ello, propone incentivos para la reinversión de utilidades en maquinaria, equipo y modernización tecnológica. Este incentivo estaría dirigido a los empresarios de la industria local con el objetivo de que puedan reconvertir su planta industrial.

Recomienda igualmente, un sistema de pago diferido con relación al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). En ese sentido, sostiene que para evitar que el capital de trabajo aumente debido al pago de los impuestos antes del inicio del proceso productivo para las importaciones de materias primas y bienes de capital de las empresas manufactureras, se pague el ITBIS al momento de realizar la venta del producto final.

Establece también la creación de un mecanismo de depreciación acelerada sobre maquinarias y equipos. Específicamente, fomentar la reconversión industrial vía la depreciación acelerada por la compra de maquinarias y equipos hechas en el período de 2007 a 2010, reduciendo a la mitad los tiempos estipulados actualmente por ley.

El Plan Nacional de Competitividad Sistémica establece también la convergencia industrial de los sectores textil-confección y calzado. Esta política busca establecer una sinergia entre la industria local y las zonas francas a través de la integración de la cadena de valor mediante el desarrollo de clusters (grupo de proyectos). Esto así, de tal manera que los eslabones de innovación, abastecimiento de insumos producción, distribución y comercialización puedan ser cubiertos e integrados en su totalidad, ya sea por empresarios de la industria local o de zonas francas.