La Autoridad Portuaria Dominicana dispuso aplicar una resolución de la Secretaría de Agricultura que crea tarifas por los servicios de tratamiento cuarentenario a los furgones y mercancías que ingresen al territorio nacional, se reveló ayer.
La resolución de Agricultura había sido rechazada por los sectores productivos del país y no había sido aplicada porque Autoridad Portuaria Dominicana no había decidido servir de agente retención del pago de las nuevas tarifas creadas.
Pero a pesar de la oposición de los sectores productivos a la medida, Autoridad Portuaria dispuso aplicar la medida, con el agravante que que las tarifas establecidas inicialmente por una resolución de Agricultura del 13 de noviembre han sido aumentadas.
Al oponerse a la medida, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, la Asociación Dominicana de Exportadores y la Junta Agroempresarial Dominicana habían advertido que un momento en que están operando con altos costos de producción, la competitividad de las empresas se vería altamente afectada por la aplicación de una nueva tarifa que elevaría aún más esos costos, hasta el punto que podría sacarlas del mercado.
Según se informó, por los servicios de aspersión se aplicaría una tarifa 4 dólares a los autobuses, mientras que inicialmente Agricultura había establecido una tarifa de tres dólares; de tres dólares a los automóviles, camionetas y jeepetas, en vez de dos dólares establecido por la SEA; de cuatro dólares a los camiones, no de tres, como se había establecido inicialmente; de cinco dólares a las patanas y trailers, en vez de cuatro; de cinco dólares a los furgones y cotenedores, en vez de cuatro, y de un dólar a las motocicletas.
Asimismo se establece una tarifa por los servicios de aspersión y nebulización de 10 dólares para los autobuses, en lugar de cinco que había dispuesto la SEA inicialmente; de siete dólares a los automóviles, camionetas y jeepetas, en vez de tres dólares, y de nueve dólares a los camiones, en vez de cuatro dólares.
Empresarios consultados ayer sobre el establecimiento de estas nuevas tarifas consideran que la resolución todavía no es legal, debido a que ni la Secrewtaría de Estado de Agricultura ni la Autoridad Portuaria están facultadas para establecer gravámenes.