La decisión sobre las tres causales no debe basarse en concepciones religiosas

El Estado dominicano no es confesional. La Constitución lo define como Social y Democrático de Derecho (artículo 7) y establece respeto a la libertad de conciencia y cultos (artículo 45). Por eso no aplica usar argumentos religiosos para oponerse a la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales, en el Código Penal.

Las tres causales son: cuando peligra la vida de la mujer, que a veces tiene otros hijos/as que quedarían huérfanos; cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, que según datos del Ministerio Público ocurre mucho con niñas menores de 13 años, que no deben ser obligadas a parir potenciales hijos-sobrinos o hijos-hermanos; y cuando el producto es incompatible con la vida, no malformaciones ni discapacidades, sino que científicamente está comprobado morirá.

En todos los casos se trata de interrupciones voluntarias, no obligatorias ni generalizadas. Eso de que las 3 causales son “la puerta de entrada al aborto masivo” es solo un argumento distractor, como lo del referendo y la ley especial, que solo buscan darle largas a la discusión.

Pero, de los argumentos religiosos, me llama la atención que, además de estar fuera de lugar en una discusión sobre derechos y políticas públicas, sus voceros/as incluyen visiones cuestionables desde las mismas escrituras. Por ejemplo, no toman en cuenta los planteamientos que aparecen en toda Biblia sobre el libre albedrío; se erigen en jueces y “tiran la primera piedra”, condenando de antemano a las niñas, adolescentes y mujeres más pobres de este país.

El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cómo Jesús con amor y empatía, hacía excepciones a las leyes, tal como se pide con las causales, para sanar y salvar a las mujeres, y llamaba hipócritas a quienes lo criticaban, mas en privado violaban las leyes para su provecho personal.

Ejemplos hallaremos en San Lucas 13:10-17, donde Jesús sanó una mujer un sábado, algo prohibido porque se guardaba ese día; también en Juan 8:1-11 cuando le llevaron una mujer adúltera que debía ser apedreada, pero que Jesús salvó.

Una esperaría este amor y piedad de quienes se hacen llamar seguidores de Cristo, pero no hacerlo es su derecho, como lo es predicar, sermonear e intentar persuadir a su feligresía. Lo que no deben es imponer sus creencias a la ciudadanía en general.

La decisión sobre las tres causales no debe basarse en concepciones religiosas, sino en los indicadores concretos que afectan a la colectividad.

Que entiendan nuestro Presidente, legisladores y funcionarios y funcionarias que República Dominicana debe avanzar y salir de la Edad Media. Ya las mujeres no somos ciudadanas de segunda, ya no vale llamarnos brujas, herejes, locas y condenarnos a muerte.

Ahora tenemos derechos: a la vida, a la salud, a la dignidad. Al Estado, no a la Iglesia, le corresponde garantizarlos.