José Antonio Martínez Rojas
Bi2jh2o@tricom.net
Las actividades políticas han arropado el país al extremo de que no respetan días ni horas específicas para tratar de conquistar a los electores, para que voten por determinado candidato.  Esto ha traído una serie de inconveniencias para aquellas personas que están ajenas al trajinar de las diferentes facciones que se disputan el poder político de la República.

Ha sido un pedimento constante de la gran mayoría de la población, la demanda de reducir el tiempo que se destina a la campaña presidencial, ya que terminamos saturados de afiches, retratos, eslogan, pañoletas, flequitos, banderas y banderolas, cruza-calles, vallas gigantescas como publicidad visual, sin contar con los anuncios por televisión,  radio, internet y la nueva modalidad de mensajes enviados a los teléfonos móviles.

 En países con un mayor grado de desarrollo que el nuestro se ha comprendido el dispendio que significa mantener una campaña electoral prolongada como la nuestra, y la reducen a un máximo de dos meses, pero en la mayoría de los casos a un mes del día señalado para asistir a las urnas.

Estamos seguros que reduciendo nuestra campaña electoral a un máximo de dos meses y un mínimo de un mes, el país se ahorraría más de la mitad de los mil millones de pesos que admitió la Junta Central Electoral (JCE), que deberá repartir a los partidos políticos reconocidos en la fase final de la campaña electoral.  El dinero que un país pobre como el nuestro se gasta en mantener o comprar una serie de partidos políticos o personas que se piensan que serán claves para obtener un triunfo electoral, se podría invertir en la construcción de una obra determinada, como pudieran ser la represa de Monte Grande, la de Guaigüí, la carretera internacional o el muelle de Manzanillo, para poner ejemplos de obras de infraestructura necesarias para nuestro desarrollo.

Los fines de semana es un suplicio pasar por alguna comunidad en donde tenga efecto una concentración de uno de los partidos políticos mayoritarios.  Desgraciadamente, el imperio de las libertades ciudadanas, a estos partidos políticos se les permite realizar las manifestaciones o mítines en las calles o intersecciones más importantes de las comunidades, lo cual impide el libre tránsito de los que no están en la actividad.  Esto lo hacen con la finalidad propagandística de hacer creer que todos los que se encuentran en el “tapón” participan en la actividad.  Las autoridades municipales coadyuvan a los fines indicados, desviando el tránsito para que se tenga que pasar por donde se realiza la manifestación o concentración política.  Esto nos ocurrió el sábado pasado, pero para no pecar de indiscreto no diremos ni dónde ni qué partido fue el responsable.

Somos de opinión, que la JCE debería realizar una encuesta sobre la necesidad de reducir la duración de la campaña política, tanto presidencial como congresual y municipal.  El erario, los ciudadanos conscientes y hasta los políticos se lo agradecerán.